Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron presentados ante un tribunal federal en Nueva York para enfrentar cargos de conspiración para el narcoterrorismo, introducción de cocaína en Estados Unidos y delitos relacionados con armas, tras su captura el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense en Venezuela. La próxima audiencia está prevista para el 17 de marzo ante el juez Alvin Hellerstein, en un proceso que, según Washington, busca demostrar que el narcotráfico fue una política de Estado en Venezuela durante más de una década.
La imputación, firmada por el fiscal Jay Clayton y un gran jurado, describe un entramado de corrupción estatal que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, permitió durante años el flujo de drogas hacia Estados Unidos con la participación directa de altos funcionarios civiles, militares y de inteligencia venezolanos. El documento redefine al Cartel de los Soles como un “sistema clientelar” y no como una organización criminal tradicional, pero mantiene y amplía las acusaciones contra el exmandatario, detallando mecanismos específicos mediante los cuales habría protegido y facilitado operaciones de narcotráfico, según lo reseñado por Transparencia Venezuela.
Uno de los ejes centrales de la acusación es el presunto uso del sistema diplomático venezolano para facilitar el tráfico de drogas y el lavado de dinero. La Fiscalía estadounidense sostiene que, entre 2006 y 2008, cuando Maduro ejercía como canciller, se otorgaron pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y se utilizaron misiones oficiales para trasladar dinero procedente de la cocaína desde México a Venezuela. De acuerdo con la imputación, aviones privados con protección diplomática habrían sido empleados para evitar controles de seguridad, mientras embajadas venezolanas servían como puntos de enlace para estas operaciones financieras.
El expediente afirma además que el narcotráfico fue utilizado no solo como fuente de enriquecimiento, sino como herramienta para consolidar y preservar el poder político. Según la acusación, se establecieron alianzas con las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua, a quienes se habría ofrecido protección policial y apoyo logístico a cambio de pagos millonarios. Parte de esos recursos, sostiene la Fiscalía, habría sido destinada a sostener la estructura del régimen venezolano.
A diferencia de la acusación presentada en 2020, el nuevo documento judicial incluye a familiares directos del exmandatario. Además de Cilia Flores, se señala a su hijo Nicolás Maduro Guerra, acusado de participar en reuniones con representantes de las FARC para coordinar el tráfico de drogas y armas hacia Estados Unidos. La Fiscalía considera que estas gestiones formaban parte de un esquema de largo plazo diseñado para garantizar un flujo constante de cocaína durante varios años.
El texto de la imputación también atribuye a la pareja Maduro-Flores el uso de colectivos armados como brazo operativo para el resguardo de cargamentos de droga y la ejecución de actos de violencia contra personas que afectaran las operaciones ilícitas. Estos grupos habrían participado, según el documento, en secuestros, golpizas y asesinatos vinculados a disputas por deudas del narcotráfico.
Como parte de la descripción de las rutas y métodos empleados, la Fiscalía cita casos como la incautación de más de una tonelada de cocaína en un vuelo de Air France en 2013, presentada como evidencia del uso de infraestructura estatal para el tráfico de drogas. Tras ese episodio, el expediente sostiene que se ajustaron rutas y procedimientos para continuar las operaciones, incluyendo el uso de aeronaves vinculadas a empresas estatales venezolanas para transportar drogas dentro y fuera del país.
La imputación también aborda los presuntos vínculos del gobierno de Maduro con el Tren de Aragua. Aunque el gobierno venezolano sostiene que esta organización ha sido desmantelada, Estados Unidos la incluye entre las estructuras criminales asociadas al esquema de narcotráfico descrito. El documento judicial señala contactos entre líderes de la megabanda y personas vinculadas al régimen, con ofrecimientos para escoltar cargamentos de droga y controlar rutas consideradas estratégicas para estas actividades ilícitas.
Con la audiencia del 17 de marzo en el calendario judicial, el caso se perfila como un proceso en el que la Fiscalía estadounidense intentará sustentar, mediante estas y otras evidencias, la tesis de que el narcotráfico formó parte de un esquema sostenido desde el aparato estatal venezolano durante más de una década.
El Nacional
