Gina Romero, relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, ha emitido una advertencia seria respecto a la Ley Bolívar, recientemente aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional de Venezuela. Según Romero, esta normativa podría utilizarse como herramienta para perseguir a la sociedad civil y a los activistas en el país, a través del controvertido artículo 23.
Romero explicó que este artículo establece un «registro con carácter nacional» con el objetivo de identificar a personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, que sean sospechosas de participar en acciones consideradas contrarias a los valores del Estado venezolano. Este registro permitiría la imposición de «medidas económicas restrictivas, temporales y de carácter administrativo», justificadas como necesarias para mitigar el supuesto perjuicio causado al Estado y a su población.
Subrayó que legislaciones de índole vaga y ambigua como esta, favorecen la discrecionalidad en su aplicación. Esto podría convertirlas en herramientas de control al disenso, persecución y violencia contra defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
La preocupación de Romero fue expresada mediante una declaración en redes sociales, donde enfatizó que tales normativas vagamente definidas pueden facilitar el control arbitrario y represivo.
La Ley Bolívar, firmada por el presidente Nicolás Maduro, establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan o se impliquen en sanciones extranjeras contra su administración. Esta disposición surge en respuesta a leyes recientes aprobadas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que refuerzan prohibiciones a contratos con entidades relacionadas al gobierno de Maduro.
La Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada unánimemente, también impone multas de hasta un millón de euros a quienes participen en sanciones extranjeras y contempla la inhabilitación política de 60 años, restringiendo el acceso a cargos públicos a los sancionados.
Además, establece que medios de comunicación que difundan mensajes en respaldo a estas sanciones enfrentarán multas equivalentes y podrían ser retirados del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma involucrada.
Este conjunto de medidas ha suscitado inquietudes internacionales, pues podría dar lugar a un ambiente de represión contra la disidencia y limitar severamente la capacidad de expresión y organización de la sociedad civil en Venezuela.
El Nacional
