En los círculos cerrados de Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, comenzó a circular discretamente la iniciativa denominada «Operación Imeri». Este nombre, inspirado en la cordillera que marca la frontera entre Brasil y Venezuela en la vasta Amazonía, resume el contacto entre dos realidades políticas contrastantes: la democracia en desarrollo de Brasil y el régimen autocrático de Nicolás Maduro en Venezuela, asociado con la corrupción y el narcotráfico.
La concepción de esta operación no fue fortuita, sino una respuesta al cerco progresista implementado por Washington contra el narcoterrorismo en América Latina. En agosto de 2025, el entonces presidente Donald Trump dispuso el despliegue de tres destructores de misiles guiados y unos 4,000 militares en el sur del Caribe. Esta medida, oficialmente parte de la intensificación de la guerra contra el narcotráfico, comunicó de manera clara que Estados Unidos no toleraría que el Cartel de los Soles continúe utilizando a Venezuela como trampolín para el tráfico de cocaína hacia Norteamérica y Europa.
Nicolás Maduro, identificado como narcoterrorista en documentos oficiales estadounidenses, es señalado como el líder principal de esta red criminal. Existen pruebas de sus conexiones directas con el cártel de Sinaloa en México y el grupo paramilitar venezolano Tren de Aragua. La recompensa por su captura se ha incrementado a cincuenta millones de dólares, reflejando su clasificación como criminal internacional.
La presión estadounidense generó reacciones inmediatas en Caracas. En respuesta, Maduro movilizó a más de cuatro millones de milicianos y ordenó el despliegue de sistemas de defensa aérea rusos, mientras el general Domingo Hernández Lárez diseñaba planes para una posible intervención de Estados Unidos. El almirante Remigio Ceballos Ichaso, ministro del Interior, reforzó el discurso antiimperialista en un intento de ocultar el colapso estructural del gobierno.
En este tenso contexto, la Operación Imeri surge como un plan de evacuación selectiva. Las discusiones iniciales entre el canciller brasileño Mauro Vieira y su homólogo venezolano Yván Gil se dieron en reuniones al margen de la cumbre de la OTCA/CELAC en Bogotá, en agosto de 2025. Aunque oficialmente trataron temas de cooperación fronteriza y económica, extraoficialmente, con asesoría militar, evaluaron la posibilidad de evacuar a Maduro y su cúpula, entregándolos a Brasil antes de caer en manos del Comando Sur o de grupos armados.
El plan contempla dos vertientes. La primera, visible, involucraría el despliegue de doce activos navales de la Marina de Brasil, incluyendo el Portahelicópteros Atlántico y fragatas clase Niterói, junto a fuerzas de Operaciones Especiales. Este despliegue podría justificar un corredor de evacuación marítima. Políticamente, el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva podría clasificar la operación como un ejercicio militar conjunto en aguas internacionales, evitando la clasificación de intervención bélica que requiere la autorización del Congreso Nacional.
DefesaNet continuará informando sobre el desarrollo de esta operación en el marco de las complejas relaciones entre Brasil y Venezuela.
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