En un reciente esfuerzo por reforzar la seguridad pública, el gobierno de Paraguay ha decidido implementar un modelo carcelario similar al de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele. Este enfoque ha generado controversia debido a las críticas que ha recibido en el país centroamericano. La medida incluye el traslado masivo de reclusos hacia una instalación de máxima seguridad en el país sudamericano.
Imágenes difundidas por el presidente paraguayo Santiago Peña muestran a los presos organizados en filas, en posiciones agachadas y con las manos atadas. Se observa a los internos vestidos con uniformes completamente amarillos o siendo trasladados encapuchados para limitar su visión. Esta escena evoca el procedimiento observado en El Salvador durante los traslados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), el cual ha sido descrito por algunos críticos como un «campo de concentración».
Durante el mes de agosto, el Ministerio de Justicia de Paraguay ha ordenado el traslado de 783 reclusos desde varias cárceles hacia el penal de Minga Guazú, una instalación diseñada para albergar a 1.300 personas. Este establecimiento se encuentra a unos 20 kilómetros de Ciudad del Este y cerca de la Triple Frontera con Brasil y Argentina. Según Santiago Peña, «No se trata solo de mover presos. Se trata de recuperar la autoridad del Estado, de garantizar la seguridad ciudadana y de terminar con los privilegios dentro de las cárceles».
El experto Jorge Rolón, exdirector del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, declaró a Sputnik que la situación actual en Paraguay es una «tormenta perfecta». Este fenómeno combina el hacinamiento carcelario, el accionar de grupos criminales desde el interior de las prisiones y los efectos de la corrupción, que ha llevado al Estado a perder el control de varias cárceles debido a intereses económicos. Rolón señala que esta situación es comparable a la vivida en El Salvador.
La iniciativa ha suscitado un debate en torno a las metodologías utilizadas para enfrentar el crimen organizado y la corrupción institucional, y plantea interrogantes sobre la efectividad y las implicaciones de replicar modelos carcelarios de otros países en busca de seguridad ciudadana.
Espiga Noticias