El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció su intención de avanzar con una «consulta popular» sobre sus reformas laborales después de que el Senado rechazara la propuesta el mes pasado. Este anuncio ha generado reacciones enérgicas, ya que ocho partidos de la oposición lo calificaron como un «golpe de Estado».
Los analistas consideran esta acción de Petro como un último esfuerzo para concretar su política antes de la conclusión de su mandato en agosto de 2026. Las posibilidades de que se realice un referéndum son vistas con escepticismo. Petro, en una reciente alocución televisiva, expresó que «el pueblo debe ser escuchado, porque es la verdadera autoridad política en Colombia».
Las reformas del presidente han enfrentado diversos obstáculos este año. Su intento inicial de aprobar un proyecto de ley en el Congreso fracasó en marzo debido a que un comité del Senado impidió el debate legislativo. En respuesta, Petro dirigió sus esfuerzos hacia la convocatoria de una «consulta popular».
Durante las protestas del Primero de Mayo, Petro hizo un llamamiento a sus seguidores para que manifestaran su apoyo a la consulta, movilizando a sindicatos, grupos indígenas y otros miembros de su base. Sin embargo, dos semanas después, el Senado rechazó estos planes. La reacción de los analistas describe este anuncio como un recurso final tras agotar las vías legislativas.
La medida de Petro ha unificado a los ocho partidos principales de la oposición, quienes publicaron una declaración conjunta titulada: «La consulta popular por decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado». La carta, firmada por los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, MIRA, Colombia Justa Libres y ASI, rechaza la acción del gobierno como «unilateral e inconstitucional».
Colombia Risk Analysis, una consultora política, cuestionó la calificación de golpe de Estado, aunque advirtió que la medida «representa una amenaza al orden constitucional». Este episodio es la más reciente escalada de tensiones entre el Ejecutivo de Petro y los poderes Legislativo y Judicial, que han sido un obstáculo para su agenda progresista.
Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, expresó que Petro parece cada vez más desesperado a medida que se acerca al final de su mandato. «Esto no es algo que se hace si uno se siente fuerte y seguro de poder lograr mayorías. Es algo que se hace cuando se está desesperado», comentó Guzmán a The Bogotá Post.
El futuro de esta iniciativa es incierto, ya que se anticipa que la Corte Constitucional bloqueará el referéndum mientras evalúa su legalidad, reflejando que, a pesar de los esfuerzos del presidente, las instituciones colombianas podrían nuevamente rechazar el proyecto.
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