El régimen cubano ha impuesto una prohibición de visitas durante un año al preso político Amalio Álvarez González, quien fue condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), a pesar de su frágil estado de salud mental. La medida fue comunicada el pasado 20 de septiembre por el jefe del edificio 1 del Combinado del Este, impidiendo a su hermana, Esperanza Álvarez, entregarle alimentos y confiscándole el teléfono móvil.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha advertido que Álvarez padece trastornos psiquiátricos y tiene un historial de autolesiones, señalando que el aislamiento podría empeorar su condición. Organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al riesgo que corre su integridad física.
En septiembre de 2022, Álvarez se autolesionó tras sufrir maltratos por parte de un funcionario carcelario, sin recibir la atención médica adecuada. «Esta medida inhumana podría empujarlo a autolesionarse de nuevo», denunció el OCDH, exigiendo su liberación y el fin de prácticas que constituyen violaciones sistemáticas a los derechos humanos en las cárceles cubanas.
Las manifestaciones del 11J fueron protestas masivas en Cuba, donde miles de ciudadanos demandaron libertad, mejores condiciones de vida y el fin del régimen autoritario. El gobierno cubano respondió con medidas represivas, arrestos arbitrarios y juicios sumarios contra los participantes, suscitando la preocupación de la comunidad internacional por la situación de los derechos humanos en la isla.
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