El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reforzó el control sobre el acceso digital en el país mediante nuevas restricciones a la plataforma de mensajería Telegram y el avance de un paquete de medidas legislativas orientadas a incrementar la vigilancia estatal sobre los servicios digitales. Paralelamente, el parlamento controlado por el Kremlin aprobó un conjunto de normas que incluye la obligación de reportar cualquier contacto con el extranjero y limita el acceso a canales informativos en Telegram.
Roskomnadzor, la Agencia Rusa de Supervisión de las Telecomunicaciones, confirmó que mantendrá las restricciones al servicio de mensajería hasta que se subsanen las violaciones a la legislación nacional. Según su servicio de prensa, los datos personales continúan desprotegidos y persisten riesgos de fraude y actividades delictivas a través de la plataforma.
En el contexto de la censura sobre la guerra en Ucrania, Telegram se consolidó como la principal fuente de información sobre los hechos y consecuencias de la invasión ordenada por Putin en febrero de 2022. Altos cargos ucranianos y mandos militares emplean canales en la aplicación para difundir detalles constantes sobre los combates.
Las autoridades de telecomunicaciones reiteraron su disposición a colaborar con cualquier servicio digital nacional o extranjero que cumpla con los requisitos de la legislación rusa y respete a los ciudadanos del país. Entre las condiciones establecidas se encuentran el alojamiento de servidores en territorio ruso, la protección de los datos personales y la prevención del fraude, el extremismo y el terrorismo.
En paralelo, la Duma Estatal aprobó en primera discusión un proyecto legislativo que contiene alrededor de veinte iniciativas para reforzar el control digital sobre la población. El documento, presentado por el gobierno en diciembre de 2025, prevé que los padres deban notificar a los operadores si transfieren tarjetas SIM registradas a su nombre a sus hijos, que pasarán a ser designadas como “SIM infantiles”.
El proyecto establece también que cada teléfono móvil importado a la Federación Rusa reciba un número de pasaporte único de quince dígitos, conocido como IMEI, que será incorporado en una base de datos regulada por el Ejecutivo. Esta base de datos formará parte del sistema de control estatal sobre los dispositivos móviles utilizados en el país.
En relación con el portal estatal Gosuslugi, el acceso a las cuentas solo podrá restablecerse mediante métodos considerados fiables, entre ellos la verificación presencial en un Centro Multifuncional (MFC), el uso de Max Messenger, aplicaciones y páginas bancarias, así como datos biométricos y firma electrónica calificada.
El texto legislativo limita además el número de tarjetas bancarias que puede solicitar una persona: no más de 20 en total ni más de cinco tarjetas emitidas por un mismo banco. Los autores de la iniciativa proponen otorgar al Banco Central de la Federación Rusa la facultad de modificar estos límites.
Otra de las disposiciones contempla que, si es técnicamente viable, los operadores de telecomunicaciones deberán reportar todas las llamadas internacionales recibidas por sus abonados, con el objetivo de aumentar la trazabilidad de las comunicaciones externas.
Entre las medidas adicionales se incluye la prohibición de sitios web de phishing y la obligación para los bancos de adoptar mecanismos reforzados de protección contra el fraude cibernético. En caso de incumplimiento, las entidades financieras deberán compensar a los clientes por los fondos perdidos como resultado de estas actividades.
Finalmente, el portal Gosuslugi incorporará un “botón de pánico” destinado a usuarios que sean blanco de delitos informáticos, como parte del conjunto de herramientas previstas en el paquete para responder a incidentes de seguridad digital.
Infobae
