Miles de migrantes venezolanos en Estados Unidos se encuentran en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad ante la expiración próxima del Estatus de Protección Temporal (TPS) y del parole humanitario. Estas medidas, vigentes desde marzo de 2021 y 2023 respectivamente, fueron diseñadas para brindar un alivio migratorio temporal a aquellos que huyen de la crisis humanitaria en Venezuela. Sin embargo, el 7 de abril de 2025, estas protecciones serán eliminadas, afectando directamente a al menos 450,000 venezolanos que han encontrado refugio y posibilidades de trabajo en Estados Unidos.
La situación se complica por las políticas migratorias estrictas implementadas bajo la administración del presidente Donald Trump, quien sostiene que las protecciones ya no son necesarias debido a «recientes mejoras» en las condiciones de Venezuela. La orden ejecutiva de enero que dejó sin efecto las citas agendadas para solicitar asilo y eliminó la aplicación CBP One ha incrementado la presión sobre los migrantes, dejando a muchos, como Adrianyela Contreras, sin opciones más que planear un regreso a América del Sur o intentar ingresar a Estados Unidos por vías irregulares.
Aunque existe un acuerdo de deportación suspendido entre Trump y Nicolás Maduro, los migrantes se enfrentan al riesgo de ser deportados a países como El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá, o incluso de regreso a Venezuela, donde las condiciones económicas y de seguridad siguen siendo críticas. De acuerdo con HumVenezuela, más del 86% de la población permanece en pobreza por ingresos, y el 70.6% en pobreza extrema.
María Gabriela Trompetero, experta en migración forzada, señala que esta situación empuja a los venezolanos a buscar nuevos destinos. «Muchos venezolanos buscarán destinos alternativos como Brasil, Colombia y España», afirma Trompetero. Dice además que algunos continuarían su ruta hacia Estados Unidos, lo que podría fortalecer los grupos al margen de la ley que ofrecen rutas peligrosas.
El flujo migratorio hacia España ha experimentado un aumento significativo, con 66,134 venezolanos solicitando asilo en 2024, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Esto refleja un cambio en las rutas migratorias ante la imposibilidad de establecerse en Estados Unidos bajo las condiciones actuales.
La situación en Venezuela, caracterizada por violaciones de derechos humanos y una emergencia humanitaria continua, convierte a los venezolanos en potenciales refugiados bajo el principio de no devolución, un pilar del derecho internacional que protege a los individuos cuyas vidas están en peligro al regresar a su país de origen. Trompetero recalca que deportar venezolanos en necesidad de protección viola este principio, llamando a la comunidad internacional a actuar con unidad para garantizar la protección de estos individuos.
Este escenario plantea un gran desafío para la comunidad internacional y para los propios migrantes, quienes ven sus sueños obstruidos por políticas cada vez más restrictivas y un contexto internacional que exige soluciones humanitarias urgentes y coordinadas.
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