Las recientes redadas migratorias en sitios de construcción en regiones como Florida y Luisiana presentan un desafío significativo para la industria constructora de Estados Unidos. En este sector, aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores a nivel nacional es inmigrante, cifra que alcanza hasta un 75% en ciudades grandes como Miami.
La preocupación ha aumentado tras la detención de más de 100 migrantes provenientes de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras en un sitio de construcción en Tallahassee, la capital de Florida, la semana pasada. Este incidente ocurrió dos semanas después de una operación similar en The Villages, también en Florida, que resultó en más de dos docenas de arrestos. Estas acciones se han replicado en otros estados, incluyendo Luisiana y Nueva York, generando temor entre los trabajadores inmigrantes, quienes prefieren ausentarse a arriesgarse a una posible deportación.
El hondureño Aarón Pineda, quien posee un Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabaja en la construcción en Miami, expresó su preocupación: “Nosotros, los latinos, somos los que sacamos este país adelante… hoy en día uno se siente temeroso por todo lo que está pasando.”
El gobierno de Donald Trump ha establecido como nueva meta alcanzar 3,000 deportaciones diarias, lo que pone en riesgo particularmente al sector de la construcción. Según el American Immigration Council, el 25.7% de los trabajadores en construcción son inmigrantes, y el 14.1% de estos son indocumentados. En ciudades como Miami, hasta tres de cada cuatro trabajadores son inmigrantes, señaló Ned Murray, director asociado del Centro Metropolitano en la Universidad Internacional de Florida (FIU).
Murray advirtió que la construcción podría ser la industria más perjudicada por estas deportaciones, ya que este mercado laboral depende en gran medida de los inmigrantes. Además, mencionó que las expulsiones de trabajadores inmigrantes podrían agravar la crisis de vivienda que Florida ha experimentado desde 2018, exacerbada por la pandemia de COVID-19.
Estados Unidos enfrenta un déficit de 3.7 millones de viviendas, lo que ha llevado a que los alquileres y precios de venta alcancen niveles históricos, según un informe del Urban Institute. Si las deportaciones prometidas por Trump se llevan a cabo, el país podría perder hasta 1.8 millones de empleados en la construcción, un sector que necesitaría 454,000 nuevos trabajadores para 2025 para satisfacer la demanda de vivienda, según un estudio de Jorge González-Hermoso, Christina Plerhoples Stacy y Hamutal Bernstein.
En respuesta, la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) ha denunciado estas redadas por crear un «clima de persecución» y «miedo,» subrayando la falta de mano de obra reconocida por las grandes constructoras. Thomas Kennedy, consultor y analista de FLIC, comentó: “Si espantamos a la gente que está dispuesta a trabajar en estos trabajos de construcción, no sé cómo vamos a poder seguir abarcando este tipo de proyectos.”
No obstante, las autoridades estatales como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el fiscal general, James Uthmeier, han defendido el éxito de estas operaciones y su colaboración con la administración federal. Uthmeier afirmó tras el operativo en Tallahassee: «En Florida, estamos liderando el trabajo para ayudar a la Administración Trump a implementar la ley inmigratoria federal.»
EFE
