Los gobernadores republicanos de 16 estados, encabezados por Texas, han logrado bloquear temporalmente el programa Keeping Families Together (Mantener unidas a las familias), impulsado por la administración del presidente Joe Biden. Este programa buscaba regularizar la situación de aproximadamente medio millón de indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. La demanda, que ha llevado a un juez a detener las solicitudes a menos de una semana de su apertura, refleja la profunda división política en torno a las medidas migratorias.
Raúl Hinojosa, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), criticó la postura de los republicanos, señalando que su rechazo a la medida responde a una ideología antiinmigrante similar a la de Donald Trump, a expensas de los votantes afectados. Angélica Salas, directora de Chirla Action Fund, y Miguel Tinker Salas, analista político, coincidieron en que la oposición republicana parece ser una táctica para satisfacer a su base política, sin considerar las consecuencias para los ciudadanos afectados.
A pesar de que el programa beneficiaría a numerosos votantes, especialmente en estados como Texas, los republicanos argumentan que permitiría a 1.3 millones de inmigrantes obtener beneficios migratorios «ilegales». La administración Biden estima que el programa podría beneficiar a unos 500,000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses y 50,000 hijastros.
María Teresa Kumar, directora de Voto Latino, advierte que esta batalla legal contra el programa es una amenaza para la comunidad latina y la democracia en Estados Unidos. La organización America First Legal, dirigida por Stephen Miller, también se ha unido a la demanda, describiendo el bloqueo temporal como una victoria en su lucha contra el decreto de Biden-Harris.
Cortesía EFE
