El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha denunciado la implementación de puntos de control por parte del gobierno cubano, destinados a impedir la entrega directa de ayuda humanitaria a los afectados por el huracán Melissa. Estos controles están situados a la salida de Las Tunas y la entrada de Granma, bloqueando el acceso de recursos desde el occidente y centro del país hacia las regiones más devastadas.
La ayuda, que consiste principalmente en víveres y artículos de primera necesidad, está siendo organizada por iglesias y colectivos independientes, debido a la ausencia de una respuesta oficial adecuada. No obstante, las restricciones impuestas por las autoridades están exacerbando la crisis en comunidades que llevan días sin acceso a electricidad, alimentos ni asistencia estatal. En Santiago de Cuba, se reportan barrios con árboles y postes caídos, y personas que aún se refugian en los tejados de sus hogares.
El OCDH ha instado al régimen de La Habana a permitir el flujo libre de asistencia por parte de la sociedad civil y a abstenerse de controlar las iniciativas independientes. La organización ha subrayado que la emergencia humanitaria requiere acciones inmediatas y sin obstáculos burocráticos, especialmente en áreas que continúan incomunicadas tras el impacto del fenómeno meteorológico.
Activistas cubanos en el exilio también han reclamado la apertura de canales independientes para el envío de donaciones. Salomé García Bacallao ha instado a las empresas de paquetería en Miami a ofrecer contenedores gratuitos y a sus representantes en la isla a facilitar la distribución directa. “Si el Estado no va a ayudar, que al menos no estorbe”, declaró García Bacallao.
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