El gobierno de Donald Trump ha implementado una nueva estrategia en su política migratoria que involucra la revisión de las redes sociales de los solicitantes de visa estudiantil. Esta medida, liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene como objetivo identificar cualquier posible evidencia de apoyo a grupos terroristas, según un memorando emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La orden, revelada por dos fuentes familiarizadas con la notificación a CNN, instruye a todas las embajadas y consulados estadounidenses a llevar a cabo esta tarea. Las “Unidades de Prevención de Fraude” del departamento han sido designadas para capturar pantallas de cualquier actividad relevante en redes sociales. Esta acción se enmarca en un esfuerzo más amplio que el gobierno de Trump defiende por motivos de seguridad nacional, aunque ha sido objeto de críticas severas por parte de defensores de la inmigración y los derechos humanos, quienes la consideran injustificada y discriminatoria.
Detención Controvertida
La reciente detención de la estudiante turca Rumeysa Ozturk por agentes de inmigración vestidos de civiles cerca de la Universidad de Tufts ha generado una considerable controversia. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la detención se justificó bajo la acusación de que Ozturk apoyaba a Hamás, aunque no se proporcionaron detalles sobre las actividades específicas alegadas.
En un encuentro con la prensa, Rubio sugirió, sin aportar evidencia, que Ozturk estuvo involucrada en protestas estudiantiles destructivas contra las operaciones militares de Israel en Gaza. «Si solicitas una visa para ingresar a Estados Unidos y ser estudiante, y nos dices que la razón por la que vienes a Estados Unidos no es solo porque quieres escribir artículos de opinión, sino porque quieres participar en movimientos que están involucrados en hacer cosas como vandalizar universidades, acosar a estudiantes, tomar edificios, crear alboroto, no te vamos a dar una visa», declaró Rubio.
Bases Legales
El gobierno federal ha fundamentado su decisión en una cláusula de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que faculta al Departamento de Estado para negar o revocar visas a extranjeros cuyas acciones pudieran tener consecuencias adversas para la política exterior de Estados Unidos. Esta disposición, que rara vez se utiliza, ha sido activada en el contexto actual para justificar tanto arrestos como la revocación de visas estudiantiles.
La política de revisión de redes sociales y las detenciones asociadas continúan siendo tema de debate y controversia, planteando preocupaciones sobre la equidad y el respeto a los derechos humanos en los procedimientos migratorios de Estados Unidos.
