Seis organizaciones internacionales, incluyendo a Amnistía Internacional (AI), presentaron su denuncia este viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que describen como una «política sistemática y sostenida de represión» contra defensores de derechos humanos en Venezuela. Este pronunciamiento ocurre a tan solo dos días de la celebración de las elecciones municipales en el país.
En representación de diversas organizaciones nacionales venezolanas, estas entidades alertaron sobre lo que consideran «una estrategia deliberada de castigo y disuasión» por parte del Estado venezolano. Entre las acciones denunciadas se encuentran detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, anulación de pasaportes, criminalización, vigilancia digital, amenazas y campañas de estigmatización.
Según el comunicado, durante la primera mitad del año 2024 se registraron más de 592 ataques contra defensores de derechos humanos. La situación se agravó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un proceso cuestionado de fraude por la oposición. Este contexto provocó amplias protestas en la nación.
En 2025, las organizaciones documentaron 236 ataques adicionales, incluyendo desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y acusaciones de terrorismo sin pruebas. AI señala además la anulación arbitraria de pasaportes a defensores de derechos humanos y a sus familiares, como una táctica para silenciar voces críticas. Un informe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que también suscribe el comunicado, destaca que al menos 40 personas han perdido sus pasaportes bajo estas circunstancias.
Otra preocupación manifestada es la Ley de Fiscalización de ONG, aprobada en agosto de 2024, la cual es acusada de cerrar el espacio público y establecer sanciones desproporcionadas y requisitos imposibles de cumplir, intensificando un ambiente de hostilidad y vigilancia hacia organizaciones defensoras de derechos humanos.
AI reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos en un contexto de crisis, enfatizando la importancia de documentar, apoyar a las víctimas y denunciar las violaciones. El comunicado concluye subrayando que «la protección y acompañamiento de estas personas requiere un compromiso firme y sostenido por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional».
Además de AI y CEJIL, la declaración es respaldada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Robert F. Kennedy Human Rights Center (RFKHR).
Esta denuncia se da en la víspera de las elecciones municipales en Venezuela, programadas para el próximo domingo, donde se elegirán 2.806 cargos, incluyendo 335 alcaldes y 2.471 concejales. Cabe destacar que el sector mayoritario de la oposición, liderado por María Corina Machado y Edmundo González, no participará en las elecciones debido a las acusaciones de fraude contra el CNE en el proceso presidencial anterior.
EFE