En un dramático llamado de auxilio, 31 migrantes venezolanos detenidos en el centro de detención Bluebonnet, en Texas, formaron con sus cuerpos las letras “SOS” en el patio del recinto. Este acto simbólico busca expresar su temor de ser deportados a El Salvador, donde podrían ser enviados a la prisión de máxima seguridad CECOT.
La protesta fue captada por un dron de la agencia Reuters y ocurre luego de que los migrantes recibieran notificaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas notificaciones los acusan de pertenecer a la organización criminal venezolana Tren de Aragua y los someten a deportación bajo la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite expulsiones sin un proceso judicial migratorio regular.
La intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos la noche del 18 de abril detuvo temporalmente un traslado de migrantes venezolanos al Aeropuerto Regional de Abilene, evitando su expulsión inmediata. Sin embargo, los detenidos viven con la angustia de que esta orden se reactive.
Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y testimonios de familiares, varios de los migrantes, como Diover Millán (24 años) y Jeferson Escalona (19 años), no tienen antecedentes penales y niegan cualquier vínculo con pandillas. Escalona, exfuncionario policial en Venezuela, asegura que su detención se basó en malinterpretaciones de fotografías personales.
“No pertenezco a ninguna pandilla. Están haciendo acusaciones falsas sobre mí. Quiero regresar a Venezuela”, expresó Escalona en una entrevista telefónica desde Bluebonnet.
Condiciones Precarias en el Centro de Detención
Dentro del centro, operado por una empresa privada bajo contrato con el ICE, los migrantes reportan falta de alimento adecuado, temor constante y estrés psicológico extremo. Familiares de los detenidos aseguran que los internos se turnan para dormir, atentos a posibles traslados nocturnos.
“Está desesperado. Me contó que cuando salió al patio, miró al cielo y le pidió a Dios que lo sacara de allí”, relató la esposa de Diover Millán.
En respuesta a estas denuncias, los administradores del centro afirman que se entregan tres comidas diarias siguiendo recomendaciones dietéticas, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insiste en que “el trato es humano y conforme a las normativas federales”.
La utilización de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de más de dos siglos, ha generado alarma entre defensores de derechos humanos. Esta inquietud se debe especialmente a la falta de pruebas en algunos casos y al destino de los deportados. Desde 2023, al menos 137 venezolanos han sido enviados a El Salvador, donde podrían ser recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido por su trato severo a presuntos miembros de pandillas.
Durante una visita de funcionarios de inmigración al dormitorio de los detenidos el 26 de abril, un audio obtenido por Reuters reveló la incertidumbre: “Si lo expulsan bajo esa ley, su fecha en la corte no existe, nunca la tendrá”, explicó un agente.
Muchos de los migrantes detenidos, incluidos aquellos sin antecedentes ni afiliaciones delictivas, siguen esperando audiencias migratorias o tienen solicitudes de asilo pendientes. El caso de Millán, por ejemplo, tiene audiencia programada para el 1 de mayo, a menos que sea deportado antes.
Esta situación refleja las tensiones crecientes entre políticas migratorias endurecidas y los derechos fundamentales de los migrantes que huyen de crisis humanitarias, como la que afecta a millones de venezolanos.
IMP
