La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha comunicado que la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, que estaba programada para el 7 de abril de 2025, ha quedado sin efecto tras una decisión judicial. Esta medida se deriva de una orden emitida el 31 de marzo de 2025 por el Tribunal de Distrito del Norte de California, la cual mantiene la prórroga de 18 meses anunciada en enero bajo la administración del presidente Joe Biden. En consecuencia, los venezolanos amparados por el TPS estarán protegidos hasta el 2 de octubre de 2026.
El fallo fue emitido por el juez Edward Chen, quien bloqueó la medida anunciada en febrero por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem. La cancelación había sido objeto de litigio por parte de beneficiarios del TPS, respaldados por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
En su decisión de 78 páginas, el juez Chen argumentó que eliminar el TPS tendría un impacto severo en cientos de miles de personas, exponiéndolas al riesgo de deportación a Venezuela. Este país está clasificado por el Departamento de Estado como de “nivel 4: no viajar” debido a la crisis humanitaria, la inseguridad y la falta de infraestructura sanitaria. Además, el magistrado destacó que el gobierno no presentó evidencia de perjuicio real por mantener la protección vigente.
El TPS es un programa humanitario que ofrece protección temporal contra la deportación y permite a sus beneficiarios trabajar legalmente en Estados Unidos. Con la decisión judicial, USCIS confirmó que sigue en vigor la notificación publicada en el Registro Federal el 17 de enero de 2025, la cual extiende la designación del TPS de Venezuela hasta el 2 de octubre de 2026.
Además, la agencia precisó que la orden del tribunal extiende hasta el 2 de abril de 2026 las autorizaciones de empleo bajo las categorías A12 y C19, incluidas aquellas con fechas de vencimiento anteriores como el 10 de septiembre de 2025, el 2 de abril de 2025, el 10 de marzo de 2024 y el 9 de septiembre de 2022.
En su fallo, el juez Chen subrayó que la medida de Noem es “sin precedentes” en los 35 años de existencia del TPS, ya que revoca una protección vigente y podría afectar la estabilidad económica y social de comunidades en todo el país. Por ello, el tribunal decidió bloquear la cancelación del TPS mientras se resuelve el caso de fondo, dejando en pausa la decisión del DHS.
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