El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha emitido una resolución este viernes, 6 de septiembre, ordenando al Ministerio de Ambiente de Colombia la implementación de medidas urgentes para la erradicación de más de 150 hipopótamos descendientes de una pareja traída al país por el barón de la cocaína Pablo Escobar en los años ochenta. Esta especie invasora ha comenzado a reproducirse descontroladamente, afectando gravemente el equilibrio ecológico en varias regiones del país.
En su fallo, el tribunal ha estipulado un plazo de tres meses para que el Ministerio de Ambiente desarrolle y publique una regulación que contemple «medidas para la erradicación de la especie». Las acciones recomendadas incluyen «la caza controlada y la esterilización» de los hipopótamos, con el objetivo de mitigar su impacto ambiental.
El Ministerio de Ambiente había anunciado a finales de 2023 un plan para enfrentar la población de hipopótamos invasores mediante la esterilización de parte de los animales y la eutanasia de otros. Sin embargo, el progreso ha sido lento y hasta la fecha no se ha registrado ninguna eutanasia. Además, un plan para trasladar a los hipopótamos a países como México, India y Filipinas no ha tenido éxito.
La llegada de estos hipopótamos a Colombia se remonta a los años 80, cuando Pablo Escobar introdujo una pareja de la especie en su zoológico personal, ubicado en la Hacienda Nápoles, en la región del Magdalena Medio. Tras la muerte de Escobar en 1993 y la posterior intervención oficial de sus propiedades, los hipopótamos quedaron sin control y comenzaron a reproducirse de manera desmedida.
El crecimiento descontrolado de la población de hipopótamos ha provocado ataques a pescadores del río Magdalena y amenaza a especies locales como el manatí. Según cálculos del Ministerio de Ambiente, si no se controla la expansión, la población de hipopótamos podría llegar a 1.000 ejemplares para el año 2035.
A pesar de los esfuerzos por controlar la población, algunos grupos animalistas y trabajadores del sector del turismo se oponen a la caza de estos animales, argumentando que las medidas propuestas podrían ser inhumanas y afectar el turismo relacionado con la vida silvestre.
El Ministerio de Ambiente ha expresado su compromiso con la implementación de las medidas ordenadas por el tribunal, asegurando que se tomarán todas las precauciones necesarias para abordar el problema de manera efectiva y respetuosa con el bienestar animal.
