La justicia peruana ha decidido imponer una medida de prisión preventiva por tres años a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por su vinculación en el caso denominado «Los Waykis en la sombra». Este proceso judicial investiga irregularidades en la designación de autoridades y funcionarios del Estado peruano bajo la sospecha de tráfico de influencias.
En la audiencia, el juez Richard Concepción Carhuancho subrayó la existencia de un alto riesgo de fuga por parte de Boluarte, citando su falta de arraigo tanto profesional como domiciliario. Según las declaraciones del juez, la posición familiar de Nicanor Boluarte podría haber sido utilizada para facilitar estos actos ilícitos, lo que, sumado a sus vínculos familiares, le otorgaría una facilidad para salir del país.
La misma medida cautelar fue ordenada para otras personas implicadas en el caso, incluyendo al exdirector de la Dirección General del Gobierno Interior, Jorge Luis Ortiz Marreros, así como a Zenovia Griselda Herrera Vásquez y Jorge Chingay Salazar, de acuerdo con la información proporcionada por el diario El Comercio.
El abogado defensor de Nicanor Boluarte informó que desconoce el paradero de su cliente desde el pasado domingo. Desde entonces, Boluarte no ha asistido a las audiencias en persona, limitándose a participar en una videoconferencia mientras se encontraba en un vehículo.
Nicanor Boluarte enfrenta graves acusaciones que incluyen organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Se le imputa haber intervenido en la designación de prefectos y subprefectos con fines proselitistas en favor del partido Ciudadanos por el Perú. Si es hallado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 35 años de prisión.
Este caso se suma a la creciente lista de investigaciones judiciales que ponen de relieve la corrupción y el tráfico de influencias en la esfera política peruana, destacando la necesidad de una vigilancia más estricta y la aplicación rigurosa de la ley para restaurar la confianza pública en las instituciones del Estado.
Con información de Europa Press
