El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Roger Alexander, anunció este lunes que el Gobierno ampliará el registro de migrantes a partir de la próxima semana, tras la preocupación generada en la comunidad inmigrante por un memorándum gubernamental que instruyó detener a todos los extranjeros indocumentados. La medida busca permitir al Estado distinguir entre los migrantes que representan una amenaza y aquellos que trabajan de manera honesta y aportan al país.
Alexander explicó a EFE que la ampliación del registro tiene como objetivo identificar de forma más precisa a la población migrante. “Si eres un migrante que contribuye al bienestar de esta nación, te consideraremos de forma diferente y no te deportaremos”, afirmó el ministro. Según señaló, los solicitantes deberán demostrar que han estado trabajando y contribuyendo económicamente.
El titular de Seguridad Nacional subrayó que, en paralelo, se tomarán medidas enérgicas contra la explotación de los trabajadores extranjeros que contribuyen a la economía de Trinidad y Tobago. Al mismo tiempo, advirtió que el proceso de registro no debe interpretarse como una oportunidad para que nuevos migrantes ingresen ilegalmente al país, y alertó de que quienes lo intenten se enfrentarán a “todo el peso de la ley”.
Hasta ahora, los permisos de los migrantes registrados vencían el 31 de diciembre de 2025, y el Gobierno liderado por Kamla Persad-Bissessar había indicado que renovaría solo 727 de las 4.237 solicitudes recibidas. La nueva ampliación se apoya en el programa de registro de migrantes puesto en marcha por primera vez en 2019, cuando se concedió una amnistía única que permitió a migrantes venezolanos indocumentados regularizar su situación tras una fuerte afluencia relacionada con la crisis política y económica en Venezuela.
Aquella iniciativa posibilitó el registro de más de 16.000 venezolanos. En esta ocasión, el registro estará abierto a migrantes indocumentados de todas las nacionalidades que residan actualmente en Trinidad y Tobago. Alexander señaló que uno de los objetivos centrales es depurar el padrón migratorio y remarcó que no se aceptarán solicitudes de personas con antecedentes delictivos. “Hay venezolanos aquí que son delincuentes”, enfatizó, añadiendo que la intención es “identificar claramente quién contribuye y quién no”.
“Al fin y al cabo, lo que intentamos es identificar quién es quién y qué contribución puede aportar a este buen país nuestro. Si están cometiendo delitos, entonces que se vayan. Hagan todo lo posible por marcharse casi de inmediato”, declaró el ministro. Insistió en que el énfasis estará en evaluar la conducta y la contribución económica de cada solicitante.
Las organizaciones de la sociedad civil han valorado positivamente la iniciativa. Angie Ramnarine, coordinadora del Grupo de Apoyo a los Migrantes de La Romaine, indicó a EFE que el registro representa un paso positivo, aunque subrayó la importancia de una preparación adecuada. A su juicio, “necesitamos lugares adecuados y una recopilación de datos adecuada”. Ramnarine describió el marco ampliado como “un soplo de aire fresco” y una oportunidad para avanzar hacia un sistema migratorio más ordenado y humano.
La decisión de ampliar el registro se produce después de que se filtrara un memorándum gubernamental fechado el 27 de octubre, en el que el Ministerio de Seguridad Nacional ordenaba detener a todos los extranjeros indocumentados y mantenerlos en el Centro de Detención de Inmigrantes “hasta su repatriación”. Tras la divulgación de ese documento, migrantes reportaron un aumento de la presencia policial, lo que incrementó el temor en las comunidades afectadas.
El anuncio se da también en el contexto del estado de emergencia vigente en Trinidad y Tobago desde el pasado 18 de julio, declarado para hacer frente a una red criminal que presuntamente tiene como objetivo atentar contra altos funcionarios. Esta medida, prorrogada en dos ocasiones, otorga a la Policía y a las Fuerzas de Defensa mayores prerrogativas para arrestar sospechosos, realizar registros y entrar en propiedades sin orden judicial, lo que amplía el margen de actuación de las autoridades en materia de seguridad y control migratorio.
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