El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha decidido permitir que las redadas migratorias se lleven a cabo en lugares previamente considerados protegidos, como escuelas, iglesias y hospitales. Esta medida, anunciada el martes, revoca una directriz anterior de la administración de Joe Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar tales acciones en estos sitios o en sus cercanías.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha respaldado esta decisión, argumentando que empodera a los agentes de migración para seguir las leyes y capturar a quienes denominan «criminales extranjeros». Un portavoz del DHS indicó en un comunicado que la acción es necesaria para hacer cumplir la ley, aunque no se proporcionaron pruebas ni ejemplos concretos que respalden la afirmación de que «criminales» se esconden en escuelas e iglesias para evadir el arresto.
La directriz ahora revocada fue establecida por el gobierno de Biden en 2021 y prohibía a los agentes de migración realizar arrestos o redadas en determinados lugares sin la aprobación de un superior. Estos «sitios protegidos» incluían no solo escuelas, iglesias y hospitales, sino también centros de salud, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones y centros de ayuda tras desastres naturales.
La intención detrás de la medida de 2021 era evitar que los extranjeros se mostraran reacios a asistir a lugares donde se ofrecen servicios esenciales. El memorando de aquel entonces destacaba que la misión de las autoridades migratorias podía cumplirse «sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe».
Esta decisión llega un día después de que Donald Trump asumiera el cargo, reafirmando su compromiso de campaña de implementar la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de Estados Unidos. La administración Trump sostiene que los agentes de migración deben tener la capacidad de actuar en cualquier lugar donde consideren que podría haber personas que están infringiendo las leyes migratorias del país.
El cambio en la política migratoria ha suscitado preocupación entre defensores de los derechos humanos y organizaciones religiosas, que temen que la autorización para realizar redadas en estos lugares pueda disuadir a las personas de acceder a servicios fundamentales y de participar en actividades comunitarias.
EFE
