El Gobierno de Donald Trump está preparando la revocación del Estatuto de Protección Temporal (TPS), una medida que protege contra las deportaciones a aproximadamente 300 mil venezolanos en Estados Unidos, según un informe publicado por The New York Times este domingo.
El periódico, citando una orden aún no divulgada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señala que los venezolanos que recibieron el TPS en 2023 perderán esta protección en un plazo de 60 días después de que se publique oficialmente el documento. Esta decisión ha sido atribuida a la secretaria del DHS, Kristi Noem, quien, tras una revisión de las «condiciones del país», concluyó que el TPS es «contrario» al «interés nacional de EE.UU.»
El vigente TPS, que permite a más de 600 mil venezolanos trabajar y residir legalmente en territorio estadounidense, está programado para vencer el 10 de septiembre de 2025. Sin embargo, el anuncio de revocación se produce después de que Trump, el pasado jueves, cancelara una extensión del TPS hasta octubre de 2026, previamente aprobada al final del mandato del expresidente demócrata Joe Biden.
El TPS es un beneficio otorgado a ciudadanos de ciertos países que han migrado a Estados Unidos debido a desastres naturales o conflictos armados. Les permite vivir y trabajar en EE.UU. hasta que se considere seguro su regreso. Según The New York Times, unos 250 mil venezolanos que ya cuentan con las protecciones del TPS hasta septiembre de este año no se verán afectados por esta revocación, que aún está pendiente de oficializarse.
La noticia emerge en un contexto en el que Trump ha anunciado que Venezuela ha aceptado encargarse del transporte y recepción de sus ciudadanos deportados de EE.UU. La semana pasada, el enviado especial de Trump, Ric Grenell, viajó a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro —a quien EE.UU. no reconoce como presidente legítimo— en una misión que buscaba liberar a seis estadounidenses presos y facilitar los vuelos de deportación.
Durante su primer mandato, Trump intentó finalizar las protecciones para migrantes de varios países, incluidos Haití, El Salvador y Sudán, aunque algunos de estos intentos se encontraron con obstáculos en los tribunales federales.
