El gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema que le permitiera terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) que impedía la expulsión de aproximadamente 350.000 venezolanos del país. Esta medida se enmarca en la política antimigratoria de Trump, que fue implementada por su secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, quien revocó la extensión del TPS.
En marzo, un juez federal de California, Edward Chen, suspendió temporalmente la decisión, al considerar que «huele a racismo». Argumentó que «actuar sobre la base de un estereotipo negativo grupal y generalizar dicho estereotipo a todo el grupo es un ejemplo clásico de racismo».
Este jueves, el asesor jurídico de la administración Trump, John Sauer, presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora, para suspender la orden del magistrado Chen. Sauer argumentó que, mientras la orden esté en vigor, la secretaria Noem debe permitir que «cientos de miles de nacionales venezolanos permanezcan en el país», a pesar de que consideran que es «contrario al interés nacional». Además, estimó que la decisión del tribunal «socava los poderes inherentes del poder ejecutivo en materia migratoria y asuntos exteriores».
La administración de Trump ha mantenido una postura firme respecto a la inmigración, prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y utilizando toda la maquinaria gubernamental en este propósito. Sin embargo, dichas políticas han enfrentado resistencia judicial en diferentes partes del país.
En contraste, el 10 de enero, coincidiendo con la investidura presidencial de Nicolás Maduro en Caracas, la administración del expresidente demócrata Joe Biden prolongó el TPS por 18 meses más para los venezolanos, desde el 3 de abril de 2025 hasta el 2 de octubre de 2026.
El TPS es un programa que Estados Unidos ofrece a extranjeros cuyas condiciones en sus países de origen, como guerras o desastres naturales, no les permiten regresar de manera segura. Según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI), en 2023 aproximadamente 770.000 migrantes venezolanos residían en Estados Unidos.
Trump también ha expresado preocupaciones sobre la banda de origen venezolano Tren de Aragua, alegando que está involucrada en «acciones hostiles» y «amenaza con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos».
AFP
