Uruguay dio un paso histórico al aprobar en el Senado una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones, convirtiéndose en el primer país de América Latina en hacerlo a través de una normativa legislativa. La norma, titulada «Muerte Digna», fue aprobada con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes.
La aprobación de esta ley coloca a Uruguay junto a un selecto grupo de países como Canadá, Países Bajos y España, que permiten la muerte asistida. Hasta ahora, en América Latina, solo Colombia y Ecuador habían despenalizado la eutanasia, aunque lo hicieron a través de fallos judiciales.
El Senado de Uruguay fue el escenario de más de diez horas de debate, caracterizado por momentos de respeto y emoción. Durante la sesión, se escucharon expresiones de alegría y alivio por parte de los activistas que apoyaban la iniciativa. Sin embargo, el debate fue interrumpido brevemente por un grito de «asesinos» desde las gradas, cortando la atmósfera cordial que prevalecía.
Uno de los rostros visibles del activismo a favor de la norma fue Beatriz Gelós, una paciente de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), quien siguió parte del debate desde las gradas y expresó su esperanza de que la ley fuera aprobada. Gelós, con una larga historia de lucha contra la enfermedad, calificó la ley como un acto de compasión y humanidad.
La ley establece requisitos claros para acceder a la eutanasia, como ser mayor de edad, ciudadano o residente, y estar en una etapa terminal de una patología incurable que cause sufrimientos insoportables y un grave deterioro de la calidad de vida. Además, se requiere que el paciente pase por diversas instancias antes de dejar constancia escrita de su voluntad.
En el ámbito político, el oficialista Daniel Borbonet destacó que se trata de un texto sólido que ofrece seguridad jurídica, mientras que Pedro Bordaberry, de centroderecha, manifestó su crítica al considerar que promueve la muerte asistida.
El Colegio Médico de Uruguay, aunque no asumió una postura oficial, participó en el proceso de asesoramiento para garantizar la seguridad de pacientes y médicos. La Iglesia católica y varias organizaciones expresaron su tristeza y rechazo, respectivamente, a la ley.
Se espera que la reglamentación, que seguirá a la promulgación por parte del poder Ejecutivo, aporte más certezas sobre la implementación de esta ley, considerada un hito en la legislación de derechos en Uruguay.
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