La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este martes sobre la posible situación de desaparición forzada de un grupo de venezolanos deportados desde Estados Unidos hacia El Salvador. La incertidumbre sobre su paradero y las condiciones en las que se encuentran suscita preocupación internacional.
Liz Throssell, portavoz de la ONU, informó que hasta la fecha, ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han divulgado listas oficiales de los detenidos, y la situación legal de estos individuos en El Salvador sigue siendo incierta. Según Throssell, «muchos de los familiares entrevistados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresaron su profunda angustia por no saber dónde y en qué circunstancias están sus seres queridos».
Al responder preguntas de periodistas, Throssell mencionó que la falta de información sobre el destino de estas personas, junto con las presuntas violaciones de derechos humanos en el centro de detención salvadoreño, justifican la inquietud de que pueda tratarse de desapariciones forzadas, según lo estipula el derecho humanitario internacional.
Se estima que alrededor de 245 venezolanos fueron deportados a El Salvador. Datos oficiales estadounidenses revelan que entre el 20 de enero y el 29 de abril, se deportaron 142.000 personas a diferentes partes del mundo. Sin embargo, el destino de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños enviados a El Salvador permanece desconocido.
Muchos de estos individuos fueron deportados bajo la ‘Alien Enemies Act’ (Ley de Enemigos Extranjeros) como presuntos miembros de grupos criminales y, supuestamente, están detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Los detenidos en el Cecot enfrentan un trato particularmente duro, sin acceso a representación legal, contacto con sus familiares, o comunicación externa, según reveló Throssell. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también ha recabado información de familiares y abogados sobre más de cien venezolanos detenidos en dichas instalaciones.
La información señala que muchos detenidos no fueron informados sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de deportarlos a un tercer país y carecieron de acceso a abogados para impugnar la legalidad de su deportación antes de ser expulsados.
La situación plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos fundamentales, incluidos los derechos a las garantías procesales, la protección frente a la detención arbitraria, la igualdad ante la ley y la protección contra la tortura.
La ONU subrayó también que la manera en que estos venezolanos y salvadoreños fueron detenidos y deportados, incluso encadenados, y la retórica degradante contra las personas migrantes, es motivo de grave preocupación.
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