La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) han manifestado una creciente preocupación por el impacto devastador de la minería ilegal y otras economías ilícitas en la vida y supervivencia del pueblo Yanomami en el Arco Minero del Orinoco. Frente a la violencia, la propagación de enfermedades y el grave deterioro ambiental, se insta a Venezuela a implementar medidas inmediatas y efectivas para salvaguardar estos derechos desde un enfoque culturalmente adecuado.
De acuerdo con líderes indígenas Yanomami, la irrupción de mineros ilegales (garimpeiros), así como de grupos brasileños y colombianos asociados a estas economías ilícitas, ha intensificado la violencia en los estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Esta situación ha causado un preocupante aumento del desplazamiento forzado, la trata de personas con fines de explotación sexual y otras formas de esclavitud, especialmente afectando a personas mayores, niñas, niños y mujeres. Las formas de vida tradicionales y la propia existencia del pueblo Yanomami se encuentran en grave peligro.
Además, la crisis sanitaria aguda que afecta al pueblo Yanomami se agrava debido a la contaminación del agua por mercurio, lo cual impacta negativamente en la caza y pesca, elevando los índices de desnutrición. Los líderes indígenas han alertado sobre el incremento de enfermedades respiratorias, tuberculosis, diarreas, hepatitis y enfermedades de transmisión sexual, muchas de las cuales son prevenibles con vacunas. Según registros del pueblo Yanomami, la malaria ha sido responsable de la muerte de al menos 390 personas indígenas en los últimos dos años.
Estas denuncias encuentran eco en los informes de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos en el Arco Minero del Orinoco, que señala entre 2014 y 2022, la ocurrencia de 832 muertes violentas, 237 de las cuales son atribuidas a agentes estatales; 96 posibles desapariciones; 107 casos de presuntas torturas; y 729 afectaciones contra la libertad cometidas por grupos ilegales y privados.
El marco del orden público interamericano garantiza a los pueblos indígenas un derecho a la protección especial de su integridad física, psicológica y cultural, permitiéndoles vivir libres de violencia, discriminación y explotación. Tal derecho incluye la salvaguarda de su cultura, territorio y autodeterminación, esenciales para su identidad, bienestar y supervivencia. En consecuencia, se insta a Venezuela a adoptar medidas adecuadas para prevenir, investigar y sancionar las agresiones a la integridad del pueblo Yanomami, ya sean llevadas a cabo por terceros o por agentes estatales.
Finalmente, la CIDH y REDESCA destacan que el monitoreo de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco es complicado debido a la opacidad informativa, la renuencia estatal al escrutinio internacional y la falta de independencia de entidades como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Se urge al Estado venezolano a proporcionar información verificable sobre la situación del Pueblo Yanomami y a garantizar la autonomía de las instituciones creadas para promover y defender los derechos humanos.
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, una oficina de la CIDH, busca potenciar la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en América. La CIDH, como órgano principal de la Organización de los Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de velar por la observancia y defensa de los derechos humanos en la región, actuando como órgano consultivo de la OEA y compuesto por siete miembros independientes.
