Venezuela deberá pagar una indemnización de 8.700 millones de dólares a la empresa estadounidense ConocoPhillips, según informó la agencia de noticias Bloomberg Línea. Este fallo se produce después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial ratificara, el pasado miércoles, la sentencia emitida en 2019 a favor de la compañía.
La decisión del Ciadi desestima la apelación presentada por el régimen venezolano, confirmando la ilegalidad de las confiscaciones de activos realizadas durante el mandato de Hugo Chávez a principios de los años 2000. La orden establece que Venezuela debe compensar a ConocoPhillips por las pérdidas derivadas de estas expropiaciones.
ConocoPhillips manifestó su satisfacción con el fallo, resaltando que esta resolución reafirma el principio de que los gobiernos no pueden apropiarse de inversiones privadas sin ofrecer una compensación adecuada. La empresa considera que esta decisión es un paso crucial para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones internacionales.
ConocoPhillips operaba en Venezuela a través de varios acuerdos de cooperación con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el sector de petróleo y gas, especialmente en la región de la Faja Petrolífera del Orinoco. En 2007, el gobierno venezolano decidió nacionalizar la industria petrolera, afectando a varias empresas extranjeras, entre ellas ConocoPhillips.
La compañía estadounidense decidió llevar a Venezuela ante el Ciadi, argumentando que la expropiación violaba el tratado bilateral de inversión entre Estados Unidos y Venezuela. Este tratado establece claramente que los gobiernos no pueden expropiar propiedades sin pagar una compensación justa y adecuada.
El fallo de 2019 del Ciadi, que ahora ha sido reafirmado, concluyó que la expropiación fue ilegal y que la compensación ofrecida por Venezuela fue insuficiente, ordenando al país sudamericano a realizar el pago correspondiente.
La ratificación de esta sentencia por parte del Ciadi podría tener implicaciones significativas para la relación entre inversionistas extranjeros y el régimen venezolano. Además, este caso subraya la importancia de los mecanismos internacionales de resolución de conflictos en la protección de las inversiones extranjeras.
Esta resolución también podría influir en futuras negociaciones y disputas legales similares, marcando un precedente para cómo se manejan las expropiaciones y compensaciones en el ámbito internacional. El cumplimiento del pago por parte de Venezuela sigue siendo un punto crítico que será observado de cerca por la comunidad internacional.
