La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió hoy que la única esperanza de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela reposa sobre la comunidad internacional. En un nuevo informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, la Misión denuncia la intensificación de la represión política tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
La investigación documenta una represión sistemática por parte del Estado venezolano, incluyendo asesinatos en manifestaciones, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual. De las 25 muertes registradas en protestas entre el 29 y 30 de julio, al menos 12 fueron causadas por fuerzas de seguridad, incluyendo seis víctimas en Maracay, estado Aragua, donde efectivos dispararon directamente contra manifestantes.
“El Estado ha incumplido su deber de investigar y sancionar a los responsables. Las víctimas siguen esperando justicia”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión. La Fiscalía, según el informe, no ha presentado avances en los casos ni ha reconocido responsabilidad alguna de los cuerpos de seguridad.
Además, se documentan cinco muertes bajo custodia del Estado, dos de ellas atribuibles a negligencia médica y malos tratos. La Misión también reveló la detención de al menos 220 menores entre 13 y 17 años, quienes fueron sometidos a tratos crueles, incomunicación y violencia sexual.
A pesar de la liberación progresiva de 2.006 personas detenidas tras las protestas, la represión continúa. Se registraron 200 nuevas detenciones en 2025, incluyendo a extranjeros, algunos de los cuales fueron desaparecidos forzosamente por más de seis meses.
Francisco Cox, miembro de la Misión, subrayó que “la justicia en Venezuela está completamente sometida al Ejecutivo. Sin independencia judicial, solo queda recurrir a las instancias internacionales”.
El informe también denuncia el uso sistemático de tortura, como asfixia con bolsas, golpizas, electricidad en los genitales, y amenazas de violación. Ninguna denuncia ha sido investigada por las autoridades.
Finalmente, la Misión denunció el uso de leyes recientes —como la Ley de ONG y la Ley “Simón Bolívar”— para criminalizar a la sociedad civil. Las normas permiten cerrar organizaciones y restringir la libertad de asociación, consolidando un entorno represivo.
“La persecución por motivos políticos sigue activa, sin que ninguna autoridad demuestre voluntad de prevenirla o castigarla”, concluyó Valiñas.
Espiga Noticias