Un grupo de 16 organizaciones de la sociedad civil presentó un decálogo de exigencias prioritarias orientado a generar condiciones mínimas para avanzar hacia una transición democrática considerada creíble y sostenible en Venezuela. El documento reclama, entre otros puntos, la liberación de todos los presos políticos, el fin de la represión, la reinstitucionalización del país y la recuperación del Estado de derecho.
El texto fue suscrito por 16 organizaciones, dos de ellas bajo reserva por razones de seguridad. Entre las firmantes se encuentran Acceso a la Justicia, Alerta Venezuela, Cepaz, Cofavic, Justicia, Encuentro y Perdón, Provea, Cejil, DPLF, ISHR, Wola y el Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center, entre otras. Según estas organizaciones, se trata de medidas urgentes de corto plazo destinadas a recuperar la confianza, restablecer la seguridad jurídica y abrir un camino efectivo hacia el Estado de derecho.
La primera exigencia del decálogo plantea la liberación plena, inmediata e incondicional de todas las personas identificadas como presos políticos, tanto nacionales como extranjeros. Asimismo, demanda el cese de la desaparición forzada, la anulación de medidas cautelares calificadas de injustificadas por las organizaciones y la implementación de mecanismos transparentes de verificación.
Otro bloque de exigencias se centra en la derogación de normas consideradas represivas por las organizaciones firmantes. El documento solicita la nulidad del Decreto de Estado de Conmoción Exterior y de un conjunto de leyes y resoluciones usadas, según señalan, para criminalizar la disidencia y el trabajo de defensores de derechos humanos. Entre ellas menciona la Ley contra el Odio, la Ley Simón Bolívar, la ley que regula a las organizaciones no gubernamentales y resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia que crean tribunales con competencia en terrorismo. También se propone una revisión integral del ordenamiento jurídico para armonizarlo con estándares internacionales sobre libertades cívicas.
El decálogo incluye, además, la exigencia de desmantelar estructuras armadas y cuerpos que ejerzan intimidación o represión consideradas ilegítimas por las organizaciones, así como el cese de prácticas de vigilancia y persecución basadas en la opinión política. En este ámbito, las organizaciones reclaman una comunicación oficial que garantice el funcionamiento sin restricciones de todas las organizaciones sin fines de lucro, incluidas las internacionales, y el respeto pleno a su labor.
En materia de derechos humanos, las organizaciones demandan el acceso pleno e independiente al territorio venezolano de mecanismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. A su juicio, la transparencia y la rendición de cuentas requieren la presencia efectiva de estos organismos.
El documento también aborda la situación humanitaria y el uso de los recursos públicos. En este sentido, reclama plena cooperación con la respuesta humanitaria bajo coordinación de Naciones Unidas, garantizando acceso, seguridad y neutralidad a los actores humanitarios. Asimismo, exige la adopción de instrumentos legales que aseguren que los recursos del Estado se destinen a atender la emergencia social, mediante planes de inversión y sistemas de protección social universales, sin discriminación y con mecanismos claros de control.
En el ámbito de las libertades públicas, el decálogo demanda garantías efectivas para la libertad de prensa, la defensa de los derechos humanos y la pluralidad política, así como protección para periodistas, medios independientes, líderes sociales, activistas y partidos de oposición. “La libertad, el disenso y la participación ciudadana no pueden seguir siendo criminalizados”, subraya el documento.
Finalmente, las organizaciones plantean la necesidad de una ruta institucional clara para la reinstitucionalización de todos los poderes públicos, con participación de la sociedad civil y respeto a los plazos constitucionales, incluida la elección del presidente de la República conforme a la Constitución. El texto concluye con la solicitud de mecanismos independientes de justicia transicional orientados a preservar evidencias, garantizar verdad, justicia y reparación integral a las víctimas, así como asegurar la no repetición de violaciones de derechos humanos.
16 ONG presentamos un Decálogo de exigencias prioritarias con medidas urgentes que permitan, en el corto plazo, encauzar la situación actual hacia una transición democrática real y creíble.
— PROVEA (@_Provea) January 20, 2026
1. Liberación plena, incondicional e inmediata de todas las personas que se encuentran… pic.twitter.com/aksljsFBW8
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