Venezuela se posicionó a la cabeza de los países con más medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el 2024. De las 74 medidas cautelares emitidas por el organismo internacional, 27 fueron asignadas a Venezuela, representando más de un tercio del total. Le siguen Colombia con 14 medidas, Nicaragua con 13 y Cuba con 7. Estas medidas reflejan la preocupación de la CIDH ante las violaciones de derechos humanos en la región.
Entre los beneficiarios se encuentra Jesús Alexander Armas Monasterios, activista político detenido el 10 de diciembre de 2024. La CIDH ha subrayado la falta de información sobre sus condiciones de detención y estado de salud. Gina Paola Mercado Núñez, detenida en una protesta pacífica el 29 de julio, también recibió medidas debido a problemas de salud no atendidos.
Arley Danilo Espitia Lara, agricultor colombiano detenido al intentar cruzar la frontera en Ureña, es otro de los mencionados. Otros beneficiarios incluyen a Jorge Luis Graterol Guzmán, Eduardo Emiro Labrador, Franklin Caldera Martínez y Yuraima Martínez, entre varios otros, todos enfrentando situaciones de amenaza y hostigamiento.
Entre las 27 solicitudes, se destacan casos de personas involucradas en campañas políticas y activismo, como Andreina Zerpa Vivas y Juan Pablo Guanipa, quienes han sido objeto de amenazas tras las elecciones. La CIDH sigue vigilante ante las detenciones ocurridas en el marco de protestas posteriores a los resultados electorales.
Aunque Venezuela no está actualmente vinculado al sistema interamericano de protección, las medidas cautelares ofrecen un reconocimiento internacional de las crisis de derechos humanos en el país. Según abogados consultados, estas acciones son cruciales para visibilizar la situación y presionar al estado venezolano a cumplir con las recomendaciones internacionales, pese a la falta de cumplimiento por parte del gobierno.
En conclusión, el 2024 ha sido un año crítico para Venezuela en términos de derechos humanos, con la CIDH desempeñando un papel vital en el reconocimiento y protección de individuos en riesgo. La situación continúa atrayendo la atención internacional, esperando que se produzcan cambios significativos en el respeto y protección de los derechos fundamentales en la región.
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