Desde la mañana del lunes 21 de octubre, 27 militares recluidos en el Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro, ubicado en Charallave, estado Miranda, han mantenido una huelga de hambre. Esta medida busca exigir una reunión urgente con el director del recinto, luego de repetidas solicitudes ignoradas.
Los familiares de los militares, preocupados por el bienestar de sus seres queridos, manifestaron ante el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que esta protesta es un grito de auxilio. Según indicaron, los militares sienten que sus vidas están en peligro debido a amenazas de secuestro provenientes de los presos sociales con quienes comparten el recinto.
En Cenapromil-Charallave, comparten espacio 87 personas privadas de libertad, incluyendo 52 detenidos por delitos comunes, fácilmente identificables con sus uniformes azules, 8 funcionarios policiales con uniformes amarillos, y 27 militares que portan uniformes rojos.
Relatos de los familiares revelaron que los presos sociales provienen de los recintos penitenciarios de Tocuyito y Tocorón, previamente desalojados, y recientemente se sumaron 20 presos más provenientes del estado Barinas. Este último grupo fue ubicado en celdas cercanas a otros civiles, donde presuntamente se registra un brote de tuberculosis.
A pesar de haber protagonizado varias protestas, la falta de tratamiento médico ha llevado a los presos sociales a amenazar con acciones violentas si no se les ofrecen respuestas concretas. Los familiares de los militares urgen al Coronel José Bello, director del recinto, a que escuche las demandas de los internos y evite una posible confrontación, además de instar la mejora de las condiciones de infraestructura y detener las violaciones de derechos humanos.
El recinto militar, que comenzó a construirse hace más de dos años, permanece incompleto. Carece de servicios básicos como electricidad y presenta serias deficiencias estructurales. Las celdas albergan hasta doce personas, y las condiciones son precarias: una letrina, un tubo de ducha y un lavamanos en cada celda pequeña, pisos rústicos, y camas de cemento. La calidad del agua suministrada es inaceptable para el consumo humano, afectando gravemente la salud de los internos.
Asimismo, aunque se les proporciona comida tres veces al día, las raciones no cubren las necesidades calóricas diarias. La alimentación consiste principalmente en arepas de harina amarilla, granos, arroz y pasta, sin la presencia de proteínas, grasas, lípidos ni frutas.
El Observatorio Venezolano de Prisiones hace un llamado a las autoridades competentes, incluyendo al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, para que presionen al Ministerio de la Defensa para que se restablezcan los derechos humanos de estas personas, conforme a las Reglas Mandela y otros estándares internacionales. Además, se ha notificado al Comisionado Edgar Stuardo Rolón Orellana, Relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT).
Ante una situación tan crítica y preocupante, se espera que las autoridades competentes actúen de manera rápida y eficiente para atender las demandas de los internos y garantizar el respeto a sus derechos humanos.
