La postergación del debate del artículo 7 del proyecto de Ley de Amnistía en Venezuela ha frenado la liberación plena, inmediata y automática de 641 presos políticos, según cifras de la ONG Foro Penal, y ha desatado críticas de partidos, juristas, exiliados y familiares, que consideran que la norma impone condiciones que vulneran derechos y trasladan a las víctimas la carga de su propia liberación.
Este jueves, la Asamblea Nacional decidió posponer la discusión del proyecto de amnistía hasta su siguiente sesión plenaria. En principio, la sesión debería celebrarse el martes, pero debido al asueto de Carnaval, la reanudación del debate se prevé para el jueves, cuando el Parlamento venezolano retomará la discusión centrada en el polémico artículo 7. Mientras tanto, las familias de los presos políticos que esperan en las puertas de las cárceles deberán prolongar su espera.
El artículo 7 del proyecto establece que «la amnistía objeto de esta Ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho tras la entrada en vigencia de esta ley». Este requisito supedita el beneficio a que el procesado se encuentre en territorio nacional y se presente personalmente ante los tribunales para tramitar su liberación, que no será masiva ni automática.
De acuerdo con este diseño, cada preso político deberá gestionar individualmente su caso ante la justicia, lo que implica contar con recursos para contratar abogados y esperar la apertura de audiencias. Se trata de un procedimiento judicial que, según las críticas, puede prolongarse durante meses o incluso años antes de que un preso político obtenga su salida de prisión.
Este esquema contrasta con las expectativas generadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien la semana anterior, durante una visita a familiares de presos políticos acampados frente a la cárcel de la Zona 7, había prometido una liberación de carácter amplio e inmediato. La redacción del artículo 7 ha sido objeto de rechazo por parte de partidos políticos, juristas, exiliados y familiares, que consideran que la normativa introduce obstáculos al cumplimiento de las promesas de liberación formuladas también por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
Los diputados de la coalición Libertad cuestionaron el requisito de «ponerse a derecho», al advertir que, en las actuales condiciones, implica un señalamiento de culpabilidad anticipado para personas que han sido, según denuncian, judicializadas de manera injusta. A su juicio, la condición de presentarse ante los tribunales coloca a los perseguidos en una situación de admisión tácita de responsabilidad.
El partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), fundado por el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, exiliado en España, calificó el proyecto como una ley de la «humillación». En un comunicado difundido en la red social X, la organización sostiene: «El artículo 7 es una afrenta abierta al liderazgo opositor en el exilio. Obliga a ‘presentarse’ ante tribunales que responden a la dictadura, aceptar cargos inexistentes y someterse a un ritual de degradación pública. No es justicia, es venganza institucionalizada». Ledezma, al igual que otros opositores, ha sido acusado de delitos como traición a la patria, incitación a delinquir y asociación para delinquir.
En el mismo texto, ABP sostiene que «quienes supuestamente cometieron ‘delitos’ deben primero ponerse a derecho ante ese sistema judicial manipulado. Con esa exigencia queda al descubierto el propósito real: quebrar moralmente a quienes han resistido». El partido denuncia «las maniobras arteras del régimen continuista de los hermanos Rodríguez, quienes pretenden estafar a la ciudadanía venezolana y engañar a la comunidad internacional mediante la instrumentación de una mal llamada Ley de Amnistía, en cuyo proyecto, desde su primera línea, no se hace otra cosa que criminalizar a quienes han sido perseguidos por pensar distinto». Añade además que «no estamos frente a una ley de amnistía. Estamos ante un mecanismo de sometimiento político diseñado para humillar a las víctimas y proteger a quienes han violado sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela».
Desde la sociedad civil, Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, se pronunció en su cuenta de X. «A las víctimas de la prisión y de la persecución les digo: si la ley no cumple con las expectativas o no respeta las exigencias ciudadanas, no nos rindamos. La carrera es de resistencia, no de velocidad», afirmó, llamando a mantener la presión y la perseverancia frente a un texto que, según las críticas, no garantiza una liberación efectiva ni rápida de los presos políticos.
También se manifestó Diego Casanova, miembro de la ONG Comité por la Liberación de Presos Políticos (CLIPP), cuyo hermano fue preso político excarcelado hace un año. En declaraciones a ABC, sostuvo: «El artículo 7 es arbitrario, criminaliza a los presos políticos ya excarcelados y los que todavía permanecen en prisión. Les traslada a ellos mismos la responsabilidad y culpabilidad de que están detenidos. Les obliga arbitrariamente a solicitar al Estado que les perdone por algo que no hicieron, siendo inocentes, les imputa culpabilidad. La Ley de Amnistía debería reconocer el daño cometido contra los presos políticos. Es arbitrario el procedimiento y no garantiza el reconocimiento que debería existir por la violación de los derechos humanos que han sido objetos», subrayó.
En el ámbito político, Delsa Solórzano, abogada defensora de derechos humanos y presidenta del partido Encuentro Ciudadanos, afirmó en su cuenta de X que el proyecto de amnistía deja fuera múltiples manifestaciones de persecución política que no se encuadran en episodios puntuales y «no aborda la dimensión estructural de la criminalización desarrollada durante todos estos años». Al referirse al artículo 7, cuestionó la exigencia de que la persona «esté a derecho», es decir, que se ponga a disposición de los tribunales para beneficiarse de la amnistía. «Condicionar su eficacia a la presentación ante el tribunal desnaturaliza la figura y la subordina al mismo sistema judicial que se pretende neutralizar», afirmó. Según Solórzano, esta imposición afecta de manera directa tanto a exiliados como a personas con órdenes de captura, al condicionar su libertad a comparecer ante el mismo sistema que ejecutó la persecución.
Juristas citados en el debate sostienen que el artículo 7 carece de una intención real de reconciliación y no ofrece una amnistía plena a presos políticos, perseguidos y exiliados, al no reconocer de manera explícita sus derechos ni el carácter de víctimas de persecución. En este contexto, las observaciones apuntan a que la figura legal propuesta no cumpliría con las expectativas de reparación y garantías de no repetición para quienes han sido procesados por motivos políticos.
La controversia se extendió al terreno político internacional con las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Interrogada por un periodista mientras acompañaba al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en un recorrido por instalaciones petroleras venezolanas, Rodríguez señaló que si la dirigente opositora María Corina Machado quisiera regresar al país «debería rendir cuentas», es decir, presentarse ante los tribunales. Machado ha sido acusada por la Fiscalía venezolana de traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir en 2024.
En el plano parlamentario, la vicepresidenta de la Comisión Especial para la Redacción de la Ley de Amnistía, Nora Bracho, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), calificó el artículo 7 como una «trampa cazabobos». Según su análisis, esta disposición obliga a presos políticos y perseguidos a pedir perdón ante un tribunal, lo que considera inconstitucional y contrario a los derechos consagrados en la Constitución venezolana.
La discusión del artículo 7 se ha convertido así en el principal punto de fricción dentro del proyecto de amnistía, al condicionar los beneficios a la aceptación, explícita o tácita, de un proceso ante un sistema judicial cuestionado por las organizaciones críticas con el Gobierno. Mientras el Parlamento difiere la decisión final, los 641 presos políticos contabilizados por Foro Penal y sus familias permanecen a la espera de una resolución que determine si la amnistía se traducirá en liberaciones efectivas o en un mecanismo que, según sus detractores, perpetúa la criminalización y la presión sobre opositores, exiliados y perseguidos políticos.
ABC España
