A un mes del inicio del año escolar 2024-2025, las aulas venezolanas reflejan la ausencia de adolescentes y jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones poselectorales de julio y agosto pasado. Esta situación ha generado una profunda preocupación entre los familiares de los detenidos, quienes han compartido sus inquietudes con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Los familiares expresan que, a pesar de que muchos jóvenes ya estaban inscritos en sus instituciones educativas, no pueden continuar con sus actividades académicas desde la prisión. «Los profesores nos dicen que nos van a apoyar, pero es una de sus preocupaciones», relató la madre de un joven detenido en Caracas. «Siempre le he dicho que estudie porque es lo que pobremente uno le puede dejar».
El derecho a la educación para los niños, niñas y adolescentes en prisión está respaldado por la ley, y es una obligación del Estado venezolano garantizar este acceso. Humberto Prado, director del OVP, subraya la necesidad de cumplir con este derecho en prisión, conforme a los artículos 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que insisten en asegurar la educación en un sistema que promueva la integración social.
La Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), específicamente el artículo 526, establece que el sistema penal debe contar con programas de formación socio-educativa para los menores detenidos. «El deber del Estado es cumplir integralmente la atención del adolescente privado arbitrariamente de su libertad», señaló Prado, enfatizando la ilegalidad del proceso.
A pesar de los esfuerzos de algunos familiares por asegurar educación para los jóvenes en centros de reclusión, los avances han sido limitados. En Caracas, una madre expresó que la escuela técnica está dispuesta a enviar materiales educativos a su hijo o incluso realizar visitas para impartir clases, dependiendo de la autorización del centro de detención.
En el estado Lara, padres realizan gestiones para que sus hijos no pierdan sus cupos escolares. Además, se conocen casos de jóvenes que no han podido comenzar sus estudios universitarios en carreras como Ingeniería Civil y Fisioterapia, a pesar de tener cupos asignados.
Las comunicaciones entre amigos y compañeros se han convertido en un apoyo emocional para los detenidos, quienes mantienen la esperanza de regresar a las aulas. Las detenciones comenzaron el 29 de julio, tras las protestas por los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron como ganador a Nicolás Maduro. Los detenidos han enfrentado violaciones de derechos humanos, incluyendo la falta de defensa legal adecuada y tratos inhumanos.
Finalmente, el OVP ha exigido al Estado venezolano la liberación de los detenidos arbitrariamente y el respeto a su derecho a la educación. «Eso hace un estado respetuoso, pero aquí se aplica más la sanción como un castigo», concluyó Prado.
