Agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la noche del martes la vivienda de la reconocida periodista María del Rosario «Charito» Rojas en Valencia, estado Carabobo. Esta acción fue denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que a través de sus redes sociales expresó su solidaridad con Rojas, destacando que ha sido víctima de «persecución por motivos políticos y en razón de sus opiniones».
Charito Rojas, quien se encuentra fuera del país desde junio de 2024 debido a una orden de captura emitida por las autoridades judiciales bajo el mandato de Nicolás Maduro, enfrenta cargos relacionados con estafa agravada continuada y asociación para delinquir. Las acusaciones señalan su vinculación con un supuesto caso de transacciones financieras ilegales en el Hotel Hesperia de Valencia. Sin embargo, medios locales aseguran que estas imputaciones tienen sus raíces en denuncias realizadas por Rojas contra funcionarios del gobierno de Maduro.
En una entrevista concedida a EVTV en enero, Rojas describió el momento en que se enteró de la orden de detención. Mientras cenaba con amigos, recibió la noticia que la llevó a huir inmediatamente del país. «Salí con lo que tenía puesto. Afortunadamente tenía mi pasaporte resguardado y conté con la ayuda de amigos leales», declaró. Además, detalló que la persecución estatal resultó en el cierre de sus cuentas bancarias, la pérdida de su pensión y hostigamiento en redes sociales.
El SNTP ha manifestado reiteradamente su apoyo a Rojas, enfatizando las condiciones de exilio forzoso en las que vive. Este caso resalta las tensiones existentes entre el ejercicio del periodismo independiente y las autoridades del fallido estado venezolano, bajo el mandato inconstitucional de Nicolás Maduro. La comunidad internacional se mantiene atenta a los desarrollos de esta situación, que representa un ejemplo más de las complejas dinámicas políticas y de derechos humanos en Venezuela.
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