Al menos 18 ciudadanos extranjeros han sido identificados como víctimas de desaparición forzada en Venezuela, según denunció el Instituto Casla. Estas personas, detenidas por funcionarios de organismos de seguridad del Estado, permanecen sin paradero conocido durante varios meses, sin información oficial sobre su situación.
La desaparición forzada se define como la detención de una persona por agentes del Estado o individuos que actúan con su amparo, seguida de la negativa a reconocer la detención o su destino, impidiendo su protección legal. Esta práctica es considerada un crimen de lesa humanidad según la Convención Internacional de Naciones Unidas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Extranjeros Detenidos sin Información
El Instituto Casla ha listado a varios de los extranjeros detenidos, entre ellos:
- Manuel Alejandro Tique Cháves (Colombia)
- Arlei Danilo Espitia Lara (Colombia)
- Jorge Marcelo Vargas (Bolivia/EE.UU.)
- Said Awuada (Líbano)
- Jonathan Pagan González, David Estrella, Aaron Barren Logan, Gregory David Weber, David Gutenberg Guillaume, y Wilbert Joseph Castañeda (Estados Unidos)
- Jan Darmovrzal (República Checa)
- Marianela Shung, Narden Paredes, Renzo Yasir Huamanchumo (Perú)
- José María Basoa, Andrés Martínez Adasme (España)
- Fabián Buglione (Uruguay)
- Nahuel Gallo (Argentina)
El caso de Jan Darmovrzal, ciudadano checo detenido el 5 de septiembre, es emblemático. Acusado de terrorismo por el ministro de Interior y el fiscal general, desde su presentación no ha habido información sobre su paradero ni su estado, lo que ha generado preocupación internacional.
Denuncia de un Nuevo Patrón
El Instituto Casla alerta sobre un nuevo patrón de desaparición forzada en Venezuela, indicando que este crimen se ha vuelto sistemático. La directora del Instituto, Tamara Suju, subraya que anteriormente se permitía el acceso de abogados y familiares a los detenidos, pero actualmente esas garantías han sido eliminadas.
Este tipo de prácticas, según el Instituto, busca mantener a los detenidos en cautiverio sin comunicación y sin derechos legales claros, calificando esta situación como un crimen internacional.
Llamado a la Comunidad Internacional
El Instituto Casla solicita a los gobiernos democráticos y organismos de derechos humanos que condenen esta práctica y exijan la protección del derecho a la vida, libertad y seguridad de las personas afectadas. La organización reitera la urgencia de intervenir ante lo que considera como una violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela.
El Nacional
