La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) expresó este miércoles su rechazo ante las sanciones impuestas por Canadá a cinco funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez.
En un comunicado oficial, la organización denunció que «Canadá, al igual que el gobierno de Estados Unidos, persiste en su política de imponer medidas a funcionarios de los poderes públicos venezolanos, en nombre de la ‘democracia’». La ALBA-TCP calificó estas acciones de Canadá como un seguimiento servil a las políticas de Estados Unidos, mencionando que «justifican el tratamiento despectivo que actores políticos de Estados Unidos le dan a ese país».
La Alianza enfatizó que estas «mal llamadas ‘sanciones’» son un «intento fallido de presionar a la hermana nación bolivariana», con el objetivo de promover la desestabilización. La organización argumentó que las sanciones unilaterales contravienen el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Además, subrayó que Venezuela tiene el derecho a construir su propio modelo sin interferencias externas y que continuará «caminando por el sendero de la prosperidad y el bienestar», pese a las molestias que esto pueda causar a los gobiernos de Ottawa y Washington.
La respuesta de Canadá vino de la mano de la ministra de Exteriores, Mélanie Joly, quien manifestó que las sanciones son una señal de que «Canadá no se quedará quieta mientras el régimen de Nicolás Maduro sigue ignorando la voluntad democrática del pueblo venezolano». Joly insistió en la necesidad de que los venezolanos encuentren una solución pacífica a la crisis actual y afirmó que Canadá está dispuesta a trabajar con la región para apoyar el diálogo. «Estamos preparados para usar las herramientas disponibles, incluidas las sanciones, para imponer costes a los que buscan prevenir la expresión total de los derechos democráticos venezolanos», añadió.
Los funcionarios del gobierno de Maduro sancionados por Canadá, además de Rodríguez, son Juan Carlos Hidalgo Pandares, juez del TSJ; Rosalba Gil Pacheco, integrante del Consejo Electoral Nacional; Edward Miguel Briceño Cisneros, juez; y Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal. Todos ellos ya han sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.
Este desarrollo marca un nuevo capítulo en las tensiones internacionales en torno al gobierno de Maduro, con la ALBA-TCP y Canadá en posiciones opuestas respecto a la situación en Venezuela. La comunidad internacional sigue atenta a las implicaciones de estas sanciones y sus posibles repercusiones en la región.
#Comunicado | ALBA-TCP rechaza nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Canadá a funcionarios venezolanos
— ALBA-TCP (@ALBATCP) December 18, 2024
Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos #ALBATCP rechazan la imposición de medidas… pic.twitter.com/an03UoKo07
