La comercialización del compuesto lácteo Tigolac en Venezuela ha encendido las alarmas después de que autoridades brasileñas detectaran la adulteración del producto con sustancias tóxicas, incluyendo soda cáustica y agua oxigenada, durante un allanamiento en la planta de Dielat Industria e Comercio de Laticinios Ltda, ubicada en Taquara, Río Grande do Sul.
Tigolac, compuesto de suero de leche con almidones espesantes, se comercializa en supermercados venezolanos bajo la marca Tigo, propiedad de la importadora Corporación R3 C.A., y se exhibe junto a marcas tradicionales de leche en polvo en anaqueles de Caracas y otras ciudades. Aunque la marca es venezolana, la producción ocurre en Brasil, a casi 7.000 kilómetros de distancia.
La operación, denominada “Leche compensada 13”, derivó en la detención de cuatro ejecutivos de Dielat, entre ellos el químico Sergio Alberto Seewald, conocido en el mercado brasileño como El Alquimista de la Leche, señalado por fraudes sanitarios similares en años anteriores. La fiscalía brasileña ordenó la suspensión de la producción y comercialización de Tigolac y otros compuestos lácteos, algunos distribuidos en comedores escolares de Brasil.
A pesar de la gravedad de la situación, el Ministerio de Salud venezolano, que otorgó el permiso sanitario para la importación y venta del producto (registro A-153.408 del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria), no ha emitido alerta ni orden de retiro del mercado. Tampoco ha respondido la Corporación R3 C.A., encargada de importar y distribuir Tigolac en el país.
La importadora, controlada por los hermanos Karim Ricardo y Jonathan José Rabbat Sabe, ha registrado operaciones desde 2021 y mantiene importaciones de diversos productos de Brasil, Argentina, Turquía y otros países. Sin embargo, la empresa carece de infraestructura de contacto clara: no posee registro fiscal visible, central telefónica ni correo corporativo, y mantiene discreción sobre su rol en la distribución de alimentos en Venezuela.
Expertos en salud pública y consumidores advierten que la situación requiere medidas urgentes de fiscalización, dado que el compuesto lácteo podría representar un riesgo para la salud de la población, especialmente de niños y adultos que consumen productos etiquetados como leche en polvo.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Salud ni la importadora han aclarado si se han realizado análisis de los lotes disponibles en supermercados venezolanos, generando incertidumbre sobre la seguridad de un producto que se encuentra libremente a la venta.
Con información de Armandoinfo
