La Asamblea Nacional venezolana discutirá este jueves en segunda y última instancia el proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, dirigido a algunos presos políticos y objeto de críticas por parte de organizaciones no gubernamentales y familiares de detenidos, que cuestionan tanto su contenido como la rapidez de su tramitación.
El Legislativo, controlado por el chavismo, aprobó la semana pasada la propuesta en primera discusión y posteriormente sostuvo reuniones con sectores de la sociedad civil, entre ellos ONG y familiares de presos políticos, para conversar sobre el borrador de la ley. De superar la segunda discusión de este jueves, el texto quedará sancionado.
Diversas organizaciones han expresado reservas frente al proyecto. La ONG Acceso a la Justicia advirtió que la iniciativa “incurre en contradicciones fundamentales al hablar de ‘extremismo’”, lo que, a su juicio, “se descalifica de entrada a quienes podrían beneficiarse de la amnistía y presupone su responsabilidad penal”. En un comunicado difundido en medio del debate parlamentario, la organización también cuestionó la introducción del concepto de “clemencia soberana”, que, según señaló, “implica la existencia previa de responsabilidad o culpa, lo que desnaturaliza a la amnistía, que por definición no prejuzga”.
Acceso a la Justicia señaló además “un claro conflicto de intereses”, al atribuirse la ejecución de la amnistía a los tribunales y a la Fiscalía, las mismas instituciones que, de acuerdo con denuncias recogidas por organismos como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, han participado en lo que describen como “represión masiva e indiscriminada”.
Activistas, ONG y familiares han manifestado preocupación por el tratamiento que el proyecto otorga a los presos políticos militares, el estatus de las personas exiliadas y los períodos de detenciones excluidos del alcance de la amnistía.
Según el borrador, la amnistía, tal como está planteada, cubre casos ocurridos desde 1999, abarcando 27 años de Gobiernos del chavismo. No obstante, el artículo 6 limita su aplicación a diez períodos específicos de coyunturas políticas, que van desde el golpe de Estado de abril de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez hasta las protestas desencadenadas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024.
En el marco del proceso de consultas, la coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, sostuvo que los diputados “están apurados” por aprobar la ley de amnistía y afirmó que un proyecto de este tipo debe ser debatido durante meses para que “cumpla con los estándares internacionales”.
La propuesta de ley se inscribe en lo que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha descrito como un “nuevo momento político” para el país y se desarrolla en paralelo a un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero, cinco días después de la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
EFE
