La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela ha aprobado solicitar al fiscal general de la República la aplicación de la Ley Libertador Simón Bolívar a los exdiputados que formaron parte del extinto parlamento del período 2015-2021. Esta decisión se tomó durante una reunión de la Comisión Delegada, bajo la dirección de su presidente, el diputado Jorge Rodríguez.
En dicha reunión, Rodríguez presentó una carta en la que dirigentes de la oposición se dirigían a Francisco Palmieri, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia y jefe de misión para Venezuela. En la carta, los opositores solicitaban apoyo económico para sus actividades políticas. Rodríguez subrayó que esta misiva constituye una «demostración fehaciente» de las acciones que justifican la aplicación inmediata de la ley a las exdiputadas Dinora Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, en términos de inhabilitación política y delitos penales descritos en la Ley Simón Bolívar y de Extinción de Dominio.
Rodríguez también señaló que los exmiembros de la AN de 2015, en una reunión secreta en Miami, se autodenominaron «asamblea vitalicia», acción que considera una violación de las leyes de la República. En este contexto, el presidente de la AN enfatizó la necesidad de aplicar las penas establecidas en la Ley Bolívar, que incluyen inhabilitación política, extinción de dominio y acciones penales, contra aquellos que infringen abiertamente la Constitución y las leyes del país.
