La medida, impulsada por Delcy Rodríguez, encargada interina de Venezuela, busca agilizar procesos administrativos y cuenta con apoyo de Estados Unidos.
La ilegítima Asamblea Nacional aprobó el jueves una ley orgánica destinada a acelerar y simplificar los trámites y procedimientos del Estado. La iniciativa fue impulsada por Delcy Rodríguez, encargada interina de Venezuela, y recibió el apoyo del gobierno de Estados Unidos.
La norma fue aprobada por unanimidad y su texto ha sido remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para su pronunciamiento sobre el carácter orgánico de la legislación. El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó sobre la sanción de la ley, expresando su deseo de que esta «sirva y contribuya para acabar con el viacrucis» que enfrentan los ciudadanos en gestiones administrativas.
La ley, compuesta por 12 artículos, tiene como objetivo principal simplificar las gestiones ante el Estado para mejorar la eficiencia de las instituciones públicas y «superar los trámites y procedimientos administrativos burocráticos, innecesarios, inútiles, impertinentes o complejos». Entre sus disposiciones, otorga a la Presidencia la facultad de «suspender, reducir, modificar o suprimir» trámites, requisitos o permisos, así como ordenar la digitalización de procesos y crear normativas para su uniformidad.
Adicionalmente, la legislación establece la creación de una comisión nacional para evaluar y proponer medidas de simplificación. Esta comisión estará integrada por la Presidencia y Vicepresidencia Ejecutiva, vicepresidentes sectoriales, dos diputados de la ilegítima Asamblea Nacional, representantes de alcaldes y gobernadores, y un delegado de la Defensoría del Pueblo. También exige a los organismos estatales la incorporación de nuevas tecnologías y la designación de una «unidad responsable» para la optimización de gestiones y la eliminación de requisitos redundantes.
Esta ley forma parte de un conjunto de propuestas presentadas a la ilegítima Asamblea Nacional en enero por Delcy Rodríguez, encargada interina de Venezuela, que incluyeron también la reforma de hidrocarburos para abrir el sector a la inversión privada y extranjera. El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, respaldó el proyecto durante su visita a Caracas hace tres semanas, donde se reunió con Rodríguez. Burgum declaró que tanto Rodríguez como el mandatario estadounidense Donald Trump buscan «eliminar los trámites burocráticos» para facilitar las inversiones de capital de Estados Unidos, que ha manifestado interés en los sectores de hidrocarburos y minería. Durante la misma sesión, la ilegítima Asamblea Nacional avanzó en el segundo debate de una reforma de la Ley de Minas, que también busca permitir la inversión extranjera en ese sector.
Se espera que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emita su pronunciamiento sobre el carácter orgánico de la ley en los próximos días, lo que determinará su entrada en vigor.
