La Asamblea Nacional aprobó este jueves en primera instancia el proyecto de “ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos”, que propone la fijación de precios de productos y servicios mediante un “mutuo acuerdo” entre el Estado y los comerciantes. La norma deberá someterse a una segunda discusión antes de convertirse en ley.
La propuesta fue presentada por el chavismo como una legislación orientada a defender el salario de los trabajadores, mientras que una parte de la bancada opositora advirtió que el texto puede afectar la oferta de bienes y servicios en el país.
Durante la sesión ordinaria, transmitida por el canal estatal ANTV, el diputado chavista Ramón Lobo explicó que el instrumento legal busca garantizar “precios adecuados”. Detalló que el proyecto, compuesto por 96 artículos, contempla la creación de la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos y del Sistema Nacional de Observación de Precios, que será, según dijo, el “punto de encuentro” para que el Estado y los agentes económicos fijen los precios “de mutuo acuerdo”.
Lobo señaló que “en ningún momento el Estado busca que alguien produzca o venda por debajo de los costos de producción, tenemos que garantizar la rentabilidad razonable porque eso también me garantiza mercancía en los anaqueles”. Indicó además que el texto establece un “esquema sancionatorio”, aunque no ofreció mayores detalles sobre su alcance o aplicación.
Desde la oposición, la diputada Nora Bracho, integrante de la bancada Libertad, en la que participa el exgobernador Henrique Capriles, afirmó que el proyecto de ley presenta “nudos críticos” que, a su juicio, podrían afectar la oferta de bienes y servicios. “Debemos advertir que si el Estado se excede en su capacidad de fijar precios, lo que termina matando es la oferta, no hay protección al consumidor si el resultado final es un anaquel vacío”, señaló.
Bracho sostuvo que la “verdadera protección” es la abundancia y la competencia, y no el “control asfixiante”, por lo que consideró que se trata de una ley de “control de producción y control al consumidor”. Ante estas objeciones, informó que su fracción salvó el voto.
El proyecto de ley fue aprobado por el chavismo y dos bancadas opositoras y ahora pasará a un proceso de consulta pública, en el que el texto puede ser modificado antes de su segunda discusión en plenaria. En esa fase, los diputados deberán votar artículo por artículo.
En 2015, el gobierno de Venezuela fijó precios de productos y servicios, una política que se fue endureciendo hasta 2018, cuando los controles comenzaron a flexibilizarse hasta que se resolvió la escasez de alimentos y fármacos que afectó a la población. Según lo aprobado este jueves, la nueva normativa busca reordenar el esquema de fijación de precios sobre la base de acuerdos entre el Estado y los agentes económicos.
EFE
