La audiencia de juicio público de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, y de su exesposo Alejandro González, se llevará a cabo este miércoles 18 de diciembre a las 10:00 am. Originalmente pautada para el 11 de noviembre, la audiencia fue suspendida supuestamente por falta de traslado, según informó el abogado Juan González Taguaruco a El Nacional la semana pasada.
El proceso judicial contra la activista, quien fue detenida el 9 de febrero en el Aeropuerto Simón Bolívar bajo la acusación de la Fiscalía de estar vinculada a una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, ha estado marcado por irregularidades y retraso procesal. Las autoridades han impedido la designación de defensores privados, generando gran incertidumbre debido al manejo oscuro del expediente, afirmó González Taguaruco.
Condiciones de Salud de la Activista
Rocío San Miguel se encuentra recluida en El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, donde solo su hija tiene autorización para visitarla. Su abogado ha denunciado desde hace meses que San Miguel ha sufrido varias afecciones de salud, pero no han sido atendidas adecuadamente por las autoridades. Recientemente, el gobierno publicó imágenes de San Miguel siendo atendida por una fractura en el hombro derecho, diagnosticada cuatro meses después de ocurrida. Según declaraciones a EFE, la lesión fue consecuencia de una caída provocada por un mareo debido a una laberintitis no tratada.
Diversas organizaciones no gubernamentales, como Provea y Fundaredes, han solicitado medidas humanitarias para que la activista pueda recibir atención médica adecuada por parte de sus médicos de confianza. Provea destacó que someter a San Miguel a una intervención por quienes demoraron su diagnóstico es inaceptable debido a las deficientes condiciones postoperatorias en reclusión. Fundaredes calificó la situación como una grave violación del derecho a la salud, ejemplificando la vulneración sistemática de derechos fundamentales por parte del Estado venezolano.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón también ha alertado sobre la imposibilidad de garantizar una recuperación y rehabilitación adecuada dentro del sistema penitenciario. Han exhortado a la concesión de una medida cautelar por razones humanitarias para permitir que San Miguel reciba atención médica externa, asegurando que la rehabilitación postoperatoria requiere un entorno propicio y atención continua, condiciones que solo pueden garantizarse fuera de prisión.
Estas organizaciones continúan abogando por la salud y los derechos de Rocío San Miguel, exigiendo que se tomen las medidas necesarias para asegurar su bienestar durante el proceso judicial en curso.
El Nacional
