El cardenal Baltazar Porras exigió el jueves la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y advirtió sobre la normalización del sufrimiento ajeno y la persecución política en el país, en una homilía centrada en la responsabilidad colectiva frente a los abusos a los derechos humanos.
Durante una misa celebrada en la iglesia La Anunciación del Señor, en La Boyera, Porras reflexionó sobre la indiferencia social ante las violaciones de derechos humanos y señaló que muchos hechos solo generan conmoción cuando se hacen públicos. “Qué cantidad de presos políticos, qué cantidad de gente torturada, qué cantidad de gente que ha tenido que irse… pero lo vemos como algo ajeno a nosotros”, expresó.
El cardenal subrayó que la prudencia no puede usarse como excusa para la inacción y destacó que toda persona tiene alguna capacidad de incidencia, especialmente frente a testimonios de familiares de presos políticos, torturados o desaparecidos, que desconocen el paradero o las condiciones de sus seres queridos. “Cuántas veces nos escudamos en que no tenemos poder o capacidad. Todos tenemos alguna capacidad para que, al menos a nuestro alrededor, ese valor de la vida sea respetado… especialmente cuando vemos testimonios que parten el alma: hijos, esposos, familiares torturados o desaparecidos, sin que se les permita saber dónde están ni cómo están”, manifestó.
En su homilía, Porras realizó además una autocrítica inusual dentro de la jerarquía de la Iglesia católica, al reconocer que la institución no está exenta de errores ni de prácticas que contradicen sus valores fundamentales. “El mal, los errores y el pecado pueden estar en la Iglesia, en cada uno de nosotros como bautizados, como obispos o cardenales o papas”, afirmó. Según sostuvo, estas fallas no deben ocultarse, sino convertirse en un motor para defender a quienes tienen sus derechos vulnerados.
Las declaraciones del cardenal se producen en un contexto de fuerte controversia tras la denuncia de Mariana González de Tudares, hija del presidente electo Edmundo González, quien aseguró haber sido extorsionada dentro del Arzobispado de Caracas por agentes del Estado en enero de 2025. González afirmó que funcionarios la presionaron para que obligara a su padre a abandonar la lucha política a cambio de la liberación de su esposo, Rafael Tudares, detenido arbitrariamente y sometido a desaparición forzada por más de un año.
En esas reuniones habría participado el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, figura señalada en los últimos meses por su cercanía con el gobierno de Nicolás Maduro, de acuerdo con fuentes citadas por el portal Monitoreamos.com. En un comunicado, la Arquidiócesis de Caracas negó que se haya realizado alguna extorsión y aseguró “comprender el dolor” de Mariana González, al tiempo que dijo “apoyar” su petición por la liberación de su esposo. La arquidiócesis no anunció la apertura de una investigación sobre los señalamientos.
En medio de estas denuncias, el portal The Pillar Catholic reveló esta semana tensiones internas entre Biord Castillo y el cardenal Porras. Una fuente de la arquidiócesis aseguró que el arzobispo habría retirado a Porras el apoyo económico y el derecho a residir como arzobispo emérito, por lo que actualmente vive en una parroquia de Caracas.
La misma fuente indicó que Biord mantiene vínculos estrechos con figuras del oficialismo, incluyendo familiares del mandatario y directivos de medios estatales, y que habría impuesto una línea interna de “política cero” frente a denuncias sociales. “Nada de denuncias, nada de campañas que muestren la terrible situación del país”, habría sido la directriz atribuida al arzobispo, lo que explicaría —según el medio— la ausencia de sacerdotes acompañando a familiares de presos políticos a las afueras de las cárceles.
Fuentes del Vaticano y de Caracas citadas por The Pillar señalaron que varios sacerdotes venezolanos han elevado sus preocupaciones a la Santa Sede, donde existiría malestar por la situación del cardenal Porras y por la línea adoptada por el Arzobispado de Caracas. “Muchos dicasterios son conscientes de lo que está ocurriendo y no están contentos”, indicó una de las fuentes, que mencionó como uno de los puntos más sensibles el trato dado al cardenal emérito.
El cardenal Baltazar Porras ha mantenido durante años una postura crítica ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno oficialista y ha sido objeto de varios episodios de intimidación por parte de funcionarios del Estado. El caso más reciente se registró a principios de diciembre, cuando funcionarios del aeropuerto internacional de Maiquetía le impidieron abordar un vuelo con destino a España y lo amenazaron con detenerlo cuando intentó fotografiar los documentos que pretendían justificar la medida.
