El gobierno de Nicolás Maduro ha manifestado su desacuerdo con el reciente informe presentado por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, el cual denuncia la existencia de detenciones arbitrarias en Venezuela, un fenómeno que ha cobrado fuerza tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
En un comunicado divulgado por el canciller venezolano Yván Gil, se afirma que el informe carece de «sustento y objetividad». El gobierno venezolano alega que el documento revela una supuesta subordinación del Alto Comisionado a los intereses estadounidenses, describiéndolo como una herramienta de «agresión política» hacia Venezuela.
El comunicado criticó severamente a Turk, acusándolo de tener «las manos manchadas de sangre» debido a conflictos en Gaza, Siria y Líbano, y lo acusó de adoptar una narrativa promovida por «la extrema derecha venezolana». Además, el gobierno de Maduro afirmó que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos ha sido convertida en un «espacio al servicio de sectores que promueven el caos», ignorando la violencia financiada desde el exterior, que según el gobierno, dejó 28 muertos tras las elecciones de julio.
El gobierno venezolano defendió su soberanía al afirmar que han actuado «con estricto respeto a la ley», garantizando derechos y beneficios procesales a los detenidos. También rechazó las críticas a leyes nacionales, como la Ley de ONG y la Ley contra el Bloqueo Imperialista, argumentando que estas protegen al país de intentos desestabilizadores.
Por otro lado, Volker Türk, al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pidió la liberación de todos los detenidos arbitrariamente en Venezuela, destacando que defensores de derechos humanos y otros grupos han sido objeto de amenazas y hostigamiento.
Türk expresó su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas poselectorales, subrayando la importancia de garantizar un juicio justo para los detenidos, incluyendo el derecho a elegir un abogado y proporcionar intérpretes a los pueblos indígenas.
Este intercambio de acusaciones y defensas marca un nuevo capítulo en el diálogo tenso entre el gobierno venezolano y los organismos internacionales de derechos humanos.
