Cerca de 215 familiares de militares disidentes permanecen detenidos en Venezuela, excluidos de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el 19 de febrero de 2026. Estas personas, que incluyen esposas, padres, hermanos y tíos, representan casi el 43% de la población carcelaria total de 503 individuos, según datos de la organización Foro Penal.
La situación se enmarca en un patrón documentado desde 2017 de judicialización sistemática de allegados a oficiales, una táctica que ha sido comparada con el «Sippenhaft» nazi y denominada por ONGs como «criminalización por afecto». Este método busca ejercer presión sobre los militares en el exilio o perseguidos, y se ha intensificado desde 2024 con allanamientos nocturnos y dobles imputaciones en causas ajenas a los detenidos.
Mientras la ilegítima Asamblea Nacional ha anunciado excarcelaciones selectivas y Delcy Rodríguez, encargada interina de Venezuela, ha mencionado la reconciliación, los familiares de militares permanecen en una situación de vulnerabilidad jurídica. La abogada penalista Tamara Suju, defensora de varios casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha descrito estas detenciones como «represalia pura» y una «copia exacta de la judicialización nazi de familias».
Entre los casos documentados se encuentran las hermanas Samantha Sofía Hernández Castillo, de 16 años en 2025, y Aranza de los Ángeles Hernández Castillo, de 19 años, detenidas por la Dgcim y acusadas por su vínculo familiar con el primer teniente Christian Hernández Castillo, en el exilio tras ser señalado por el ex dictador acusado de narcoterrorismo. Asimismo, Maykelis Borges Ortuño, pareja de Hernández Castillo, fue detenida embarazada en enero de 2025 y actualmente cumple casa por cárcel. Otros casos incluyen la detención de la familia Heredia en 2019, incluyendo a un menor de ocho años, y la sargento primero Milagros Katherin Molina Ceballos, quien dio a luz en prisión en 2025 antes de su excarcelación en marzo de 2026, mientras su pareja, César Alejandro Girón Contreras, sigue recluido.
Organizaciones como Familiares de Presos Políticos Militares (FPPM) han documentado más de cien episodios de violaciones de derechos humanos vinculados a familiares de militares entre 2014 y 2020, incluyendo allanamientos ilegales, desapariciones forzadas temporales y torturas. La Misión de la ONU documentó 66 desapariciones forzadas solo en enero de 2026, muchas de ellas de familiares de militares. Estas prácticas, según Suju, violan el Principio de Personalidad de la Pena, consagrado en el artículo 44 de la Constitución venezolana, que establece que la responsabilidad penal es individual.
A pesar de los anuncios de amnistía y las más de 900 excarcelaciones reportadas desde diciembre de 2025, la persecución familiar no ha cesado bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, encargada interina de Venezuela. Fuentes internas al sector militar sugieren que la exclusión de militares y sus familias de la amnistía responde a un cálculo estratégico para evitar una posible fractura en la Fuerza Armada Nacional.
El Nacional.-
