La ilegítima Asamblea Nacional abrió el proceso para cubrir las vacantes en ambos cargos.
La ilegítima Asamblea Nacional inició este lunes el proceso de postulaciones para seleccionar al nuevo Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo. La recepción de candidaturas se llevará a cabo hasta el 9 de marzo en la sede del Palacio Federal Legislativo, ubicado en Caracas.
La convocatoria fue realizada el viernes por el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, presidente de la comisión parlamentaria encargada del proceso. Este llamado busca cubrir la vacante en la Fiscalía General tras la salida de Tarek William Saab, y en la Defensoría del Pueblo luego de la dimisión de Alfredo Ruiz y el posterior nombramiento temporal de Saab en ese mismo cargo. Actualmente, Larry Devoe se encuentra encargado provisionalmente del Ministerio Público.
Según el aviso oficial publicado por la ilegítima Asamblea Nacional, los aspirantes a la Fiscalía General de la República deben cumplir con requisitos como ser venezolanos por nacimiento sin otra nacionalidad, poseer reconocida honorabilidad y contar con al menos 15 años de experiencia profesional en el ámbito jurídico, ya sea como abogado en ejercicio, docente universitario en Derecho o juez superior. Adicionalmente, no podrán tener vínculos familiares con altas autoridades del Estado.
Los postulados deberán consignar una carpeta con documentación que incluye copia ampliada de la cédula de identidad, credenciales académicas, constancias de experiencia, una declaración jurada de no militancia partidista y una síntesis curricular con sus respectivos soportes. Una vez finalizada la fase de recepción, la comisión evaluará los expedientes y presentará a la plenaria una lista de candidatos elegibles para la designación definitiva.
El diputado Bernabé Gutiérrez, vicepresidente de la comisión, declaró que el país atraviesa una etapa institucional que demanda transparencia y exhortó a confiar en el mecanismo de evaluación. La comisión está conformada por parlamentarios del oficialismo y de sectores que se identifican como de oposición. Este proceso se desarrolla en medio del debate generado por la reciente aprobación de una ley de amnistía en el Parlamento, la cual contempla la revisión de determinados casos judiciales de carácter político.
El Nacional.-
