El día de hoy, se llevó a cabo un controversial allanamiento por parte de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) en la vivienda de la madre del alcalde de Carora, Javier Oropeza, así como en las instalaciones del diario local El Caroreño.
Este operativo ha generado gran preocupación y condena entre varios líderes políticos de la región, quienes argumentan que se realizó sin la debida orden judicial.
Minutos antes del allanamiento, el alcalde Oropeza había publicado a través de sus redes sociales su inquietud ante la «excesiva presencia policial» en su residencia y la de su madre. «Siempre he actuado conforme a la ley, todos saben mi apego a ella, por eso no entiendo este proceder. Llamo al respeto en el marco de la democracia, manifestando que esta actuación policial es un intento de intimidación hacia mi familia».
Por su parte, la seccional de Lara del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha condenado el allanamiento del medio de comunicación, recordando a las autoridades que el derecho a informar no debe ser criminalizado. Exigen el respeto a la libertad de expresión y al trabajo periodístico, resaltando que en Venezuela, «informar no es delito».
El CONAS mantiene acordonados los alrededores del diario El Caroreño, limitando el acceso a la zona. Políticos locales, como el exparlamentario Pedro Pablo Alcántara, también han criticado la operación por no contar con una orden judicial.
Alcántara enfatizó que el CONAS debería enfocarse en investigar casos de extorsión y secuestros, en lugar de reprimir el derecho a la libertad de expresión y pensamiento. La situación sigue en desarrollo, con un creciente clamor por parte de la comunidad para que se respeten los derechos fundamentales y se detenga la represión hacia la libertad de prensa en el país.