El Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura, establecido por las Naciones Unidas, se conmemora cada 26 de junio con el objetivo de erradicar una de las violaciones más atroces de los derechos humanos. Sin embargo, en Venezuela, esta fecha adquiere una resonancia particularmente dolorosa y urgente debido a la persistencia de dichos actos.
La tortura, condenada universalmente, sigue siendo una sombra en la realidad venezolana. Diversos informes de organizaciones de derechos humanos han documentado casos alarmantes que evidencian un patrón preocupante. Desde 2013, las cifras de víctimas han aumentado dramáticamente, con organizaciones como Provea destacando un uso sistemático de estas prácticas. Venezuela se posiciona entre los países con mayores denuncias en la región.
La crueldad de estos actos no solo se manifiesta en la violencia física, sino también en torturas psicológicas, condiciones de reclusión inhumanas y la privación de libertades básicas. El objetivo, según denuncias, es silenciar la disidencia política y ejercer control sobre poblaciones vulnerables.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela han expresado su profunda preocupación por el uso de métodos de tortura aberrantes, que van desde asfixias y descargas eléctricas hasta agresiones sexuales y privación de alimentos. La situación de los detenidos políticos es crítica, con muchos sometidos a incomunicación prolongada y aislamiento, condiciones que favorecen la aplicación de torturas.
El caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, fallecido bajo custodia del Estado en 2019, es un símbolo trágico de estas prácticas y generó una condena internacional unánime. A pesar de la existencia de una Ley contra la Tortura en Venezuela desde 2013, su aplicación efectiva es mínima. La brecha entre lo que establece la normativa legal y la realidad vivida por las víctimas es abismal.
La impunidad es uno de los mayores desafíos en la lucha contra la tortura en Venezuela. La falta de investigaciones exhaustivas y la ausencia de sanciones crean un ambiente donde los perpetradores actúan con certeza de impunidad. Las víctimas y sus familias se enfrentan a barreras infranqueables en su búsqueda de justicia.
Organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal, Cofavic y Espacio Público juegan un papel crucial al documentar violaciones y brindar asistencia legal y psicosocial a las víctimas. La Corte Penal Internacional (CPI) ha abierto una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, incluyendo la tortura, lo que pone de manifiesto la seriedad de las denuncias.
El Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura es un llamado a la acción para que el Estado venezolano cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice la prohibición absoluta de la tortura. Además de la justicia, se requiere una reparación integral para las víctimas, incluyendo asistencia médica, psicológica y social, así como medidas de compensación y garantías de no repetición.
La comunidad internacional debe mantener la presión y el escrutinio sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, apoyando a las organizaciones de la sociedad civil. Este día, el grito de las víctimas de tortura en Venezuela resuena con fuerza, siendo un llamado a la humanidad, la justicia y la dignidad. No se puede permanecer indiferente ante tanto dolor.
El Nacional