La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes el cierre de su oficina en Caracas, al considerar que no ha habido “progreso real” con Venezuela en materia de complementariedad, principio que exige al Estado investigar de forma seria los crímenes que se le atribuyen antes de la intervención del tribunal internacional. Pese a esta medida, la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país se mantiene activa y será dirigida desde La Haya.
El fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, informó de la decisión durante su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI. Explicó que, pese al “compromiso sostenido” con las autoridades venezolanas, el tribunal concluyó que “el progreso real sigue siendo un reto”, lo que llevó a la clausura de la oficina instalada en Venezuela en 2024 para trabajar junto a las autoridades nacionales.
“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, señaló Niang, al justificar el cierre de la representación de la Fiscalía en el país.
Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa” y está a cargo de un equipo de fiscales que continuará su labor desde la sede de la CPI en La Haya.
El gobierno de Caracas ha rechazado de forma reiterada esta investigación, argumentando que debe respetarse el principio de complementariedad, según el cual la CPI complementa, y no sustituye, la justicia nacional, interviniendo solo cuando el Estado no lleva a cabo investigaciones propias.
El cierre de la oficina representa un giro en la relación entre la CPI y el Estado venezolano, tras meses de intercambios entre las autoridades de Caracas y el tribunal en torno a la responsabilidad penal por las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país.
En abril de 2024, el fiscal Karim Khan había presentado la apertura de la oficina en Caracas como una “oportunidad única” para avanzar en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y para crear un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que la CPI prestaría a la nación.
La CPI abrió formalmente la investigación sobre la situación en Venezuela en 2018, tras una remisión de varios países. El gobierno de Nicolás Maduro intentó en repetidas ocasiones detener el caso, alegando que el sistema judicial venezolano lleva a cabo investigaciones internas. Sin embargo, en 2023 la Corte rechazó esa posición y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
🚨 | ÚLTIMA HORA: La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) cierra su oficina en Caracas ante la falta de cooperación del régimen: la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúa.
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 1, 2025
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