La decisión de dar por concluida la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela ha generado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, activistas y sectores políticos, quienes califican la medida como “selectiva” y jurídicamente preocupante.
Diversas voces han señalado que el instrumento legal, aprobado en febrero de 2026 con el objetivo de promover la convivencia democrática y atender casos de persecución política, dejó por fuera a cientos de personas, incluyendo presos políticos, militares y ciudadanos en el exilio. Según reportes recientes, aunque más de 600 personas fueron excarceladas, todavía permanecen detenidos centenares de ciudadanos vinculados a procesos considerados de carácter político.
Expertos y ONG advierten que cerrar unilateralmente el proceso de amnistía podría representar una señal de inseguridad jurídica, al no ofrecer garantías plenas de reparación, justicia y no repetición. Además, denuncian que la aplicación de la norma fue discrecional, favoreciendo algunos casos mientras otros continúan sin respuesta.
El debate sobre la constitucionalidad y alcance real de la ley sigue generando tensión dentro y fuera de Venezuela, en un momento clave para la estabilidad política del país.
Espiga Noticias.-
