Una grave situación se ha instalado en el departamento de Neurocirugía del Hospital Antonio María Pineda, en el estado Lara, donde varios médicos especialistas enfrentan detenciones y exilio en medio de tensiones políticas, mientras alumnos aún en formación realizan operaciones complejas sin respaldo institucional.
El conflicto comenzó luego de la llegada de una nueva directiva hospitalaria en julio de 2025, lo que desencadenó un cambio abrupto en la gestión del servicio quirúrgico. Como consecuencia, al menos cuatro neurocirujanos continúan privados de libertad por motivos que gremios médicos y familiares consideran motivados por disputas políticas, y otros cuatro se encuentran fuera del país tras sentirse amenazados o perseguidos.
La situación ha generado una alarmante decisión administrativa: permitir que estudiantes a punto de graduarse, pero sin la experiencia necesaria, asuman funciones que normalmente ejercen especialistas con años de formación. Profesionales de la salud consultados —y que prefieren mantener el anonimato por temor a represalias— consideran que esta medida pone en riesgo la vida de pacientes con patologías graves del sistema nervioso central.
Organizaciones médicas y algunos integrantes de la comunidad hospitalaria han denunciado que este reemplazo improvisado carece de supervisión adecuada y no cuenta con la validación académica ni profesional requerida para procedimientos de alta complejidad.
Pacientes provenientes de diversas regiones, incluidas Yaracuy, Portuguesa, Barinas y Cojedes, han seguido acudiendo al servicio afectado, lo que agrava aún más la preocupación por la atención y la seguridad de quienes requieren cirugía neuroquirúrgica.
El caso ha despertado críticas de gremios profesionales y grupos de la sociedad civil, que exigen transparencia, respeto al ejercicio médico y garantías para la liberación de los especialistas detenidos, así como condiciones seguras para quienes se encuentran en el extranjero.
Espiga Noticias
