Cuatro militares, incluidos tres presos políticos, continúan incomunicados en el Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro, en Charallave, estado Miranda, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Desde el 20 de abril, sus familiares no han tenido noticias sobre sus condiciones de reclusión, lo que ha generado una profunda angustia y preocupación.
Los militares incomunicados son identificados como el Sargento Segundo Andrés Alfonso Paredes Soler, el Sargento Mayor de Tercera Giomer Martínez Natera y el Primer Teniente Jefferson García Dos Ramos. Las familias de estos individuos han expresado su inquietud, señalando que la incomunicación comenzó después de que los militares denunciaran un trato violento en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) en Ramo Verde, Los Teques, en diciembre de 2024.
Dicha denuncia derivó en un traslado punitivo en febrero de 2025 al Fuerte Guaicaipuro, donde inicialmente se encontraban 13 militares. Sin embargo, desde el 20 de abril, estos detenidos perdieron todo contacto con el exterior. En mayo, bajo la orden del General de División de la FANB Luis Ojeda, se trasladó nuevamente a nueve de los militares a Ramo Verde. Cuatro militares, no obstante, permanecen incomunicados debido a la falta de transporte, dejando a sus familiares en una situación de incertidumbre y sufrimiento.
Zaira Natera de Martínez, madre del Sargento Mayor Giomer Martínez Natera, ha expresado su desesperación públicamente, clamando por una pronta resolución que permita el traslado de su hijo a Ramo Verde para poder verlo. Igualmente, Ángel Soler, familiar del Sargento Segundo Andrés Paredes Soler, ha exigido una fe de vida ante la falta de información sobre su paradero.
El Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (SESMA), que opera en el Fuerte Guaicaipuro, ha sido señalado por su falta de transparencia y supervisión. Formado por funcionarios del DGCIM, esta entidad ha funcionado al margen de regulaciones claras, lo que ha incrementado las preocupaciones sobre la integridad y derechos de los reclusos.
Ante esta situación, el OVP ha demandado la restauración inmediata del contacto entre los reclusos y sus familiares, así como una revisión urgente del estado de salud de los militares incomunicados. Se hace un llamado a la intervención del Ministerio de Servicios Penitenciarios para proporcionar un control legal adecuado del centro de detención, y al Viceministro de Servicio de la Defensa del MPPD, Mayor General José Rivera Bastardo, para que cumpla con la promesa de trasladar a estos militares a Ramo Verde.
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